Un grupo de 150 mujeres, a través de la Fundación La Voz de Arraiján, reclama al legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Vicente Magallón que les pague los salarios a los que tienen derecho por haber laborado por más de seis meses en escuelas y juntas comunales.
Sin embargo, el parlamentario arraijaneño aclaró que él no ha contratado a nadie para laborar en escuelas o juntas comunales, y que en cambio puso en ejecución un programa de becas comunitarias, donde se nombraban "promotores comunales", pero que este plan fue suspendido cuando el Organo Ejecutivo decidió eliminar las partidas circuitales, y no había dinero para seguir con el programa.
Magallón indicó que antes de la suspensión total del programa se logró extender los pagos a unas trabajadoras en la medida de las posibilidades, y que precisamente ayer entregó 50 cheques cuyas partidas existían antes que se suspendiera totalmente los fondos, y faltan otros quince aproximadamente por entregar.
Este era un programa que según los denunciantes, el político las contrató, pero sin entregarles copia de los contratos y debido a ello no tienen cómo reclamarle a nadie, pero ellas fueron enviadas a trabajar por un período de seis meses a cambio de un salario de B/.750.00 por ese lapso.
"La voz de Arraiján", fundación dirigida por el abogado Dagoberto Franco y que se hace eco de las reclamaciones de las mujeres de Arraiján, considera que es una falta de seriedad por parte del legislador para con estas humildes trabajadoras, por cuanto él (Magallón) no se puede lavar las manos como Poncio Pilatos.
La fundación adelantó que interpondrá una demanda laboral en contra del legislador Magallón para que responda personalmente por el salario de las trabajadoras, ya que fue él quien las puso a trabajar, y es el responsable que se les pague.
Magallón recordó que cuando el Ejecutivo ordenó la contención del gasto y suspendió las partidas circuitales, envió una nota a las escuelas informando que se suspendía el proyecto y algunos de los promotores lograron trabajar como máximo tres meses, por tanto quien insista en cobrar hasta seis meses y el que quiera cobrar más tiempo del que trabajó, "quiere ser botella". Magallón señaló que en caso que se reactiven estas partidas, los fondos serán utilizados para otro tipo de programas.