En lo que va de la gestión de Ricardo Martinelli, cinco ministros de Estado, cinco directores de instituciones y cuatro funcionarios de cargos de elección popular han sido querellados ante el Ministerio Público.
Un informe estadístico de la entidad judicial, detalla que el titular de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, es el funcionario más querellado, con un total de 12 denuncias en su contra.
La mayoría de estas querellas formuladas guardan relación con los enfrentamientos registrados el año pasado en la provincia de Bocas del Toro.
En ese sentido, la Secretaría de Asuntos Indígenas del PRD denunció el 13 de mayo de 2010, tanto a Mulino como a la titular de Trabajo, Alma Cortés, y exigió que se investigara la represión policial ocurrida en las protestas de Bocas del Toro.
En tanto, indígenas nasos querellaron a Mulino cuando estaba al frente del Ministerio de Gobierno y Justicia. La denuncia fue interpuesta por el supuesto abuso de autoridad y usurpación de los deberes de funcionarios públicos, luego de que el titular ordenara el desalojo de sus tierras.
Otra denuncia contra él fue presentada por el dirigente del SUNTRACS, Genaro López, por el delito de calumnia e injuria.
En la lista de funcionarios querellados aparece la titular de Educación, Lucy Molinar, denunciada en tres ocasiones.
El dirigente magisterial Andrés Rodríguez explicó que las denuncias son por abuso de autoridad.
En la Defensoría del Pueblo también se interpuso una queja contra Molinar por violaciones a los derechos humanos, al separar de su cargo a educadores de Bocas del Toro.
La información estadística suministrada aPanamá Américadetalla también que se admitieron tres querellas contra el ministro de Obras Públicas, Federico Suárez; dos contra Alberto Vallarino, titular de Economía y Finanzas; mientras que la ministra de Trabajo, Alma Cortés fue querellada en dos ocasiones. Además, se presentó una denuncia contra el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino.
En tanto, contra el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, hay reportadas siete denuncias. Al igual que Mulino, la mayoría son por los enfrentamientos en Bocas del Toro.
Otros directores de entidades denunciados son Luis Barría, encargado del Registro Público de Panamá; Gloria Moreno de López, de la Autoridad Nacional de Aduanas; María Eugenia Herrera, directora del Instituto Nacional de Cultura; y el director de la Lotería Nacional de Beneficencia, José Pablo Ramos.
Para el catedrático, Miguel Antonio Bernal, la ausencia de voluntad del Ministerio Público para actuar en defensa y protección de la Constitución Política, termina en la desconfianza de la ciudadanía, la acumulación de casos y los procedimientos burocráticos.
Agregó que esto inhibe a los ciudadanos para que acudan ante los estrados de la justicia.
