El Decreto 21 de 30 de junio de 2003 es el que reglamenta la propaganda electoral en Panamá.
En ese sentido, Osman Valdés, director de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), reconoció que posterior a las elecciones la remoción de ese material es responsabilidad de la entidad con los municipios.
Señaló que la ley electoral les ordena que tengan las partidas presupuestarias disponibles para ese fin.
Y es que a los municipios se les da un recurso para que remuevan esa propaganda.
Sobre el recurso al Municipio de Panamá, confesó que "es bastante dinero".
Valdés informó que para la remoción de la propaganda electoral del 2004 se destinaron más B/. 500 mil.
"Los municipios de Panamá y San Miguelito son los que se llevan la mayor cantidad de dinero", precisó.
Luego de la elección, en 30 días debe hacerse la limpieza.
Si las elecciones fueron en mayo, en junio todo debe haberse limpiado, explica .
Luego de los comicios los municipios presentan un presupuesto al TE para la limpieza.
Pero eso no ocurrió con el referéndum, porque el presupuesto del TE fue menor, asegura.
En esos casos, fueron los municipios los que realizaron la limpieza.
Valdés señaló que algunos candidatos deben retirar sus propagandas electorales.
Por lo anterior, el eje de la política del Estado debe ser las carreras de la función pública. Toda reforma con tecnicismos que no se elabore alrededor de la misión de desarrollo, que precarice la función laboral, sin contemplar la dedicación y compromiso con el desarrollo, garantizados en una estructura de Servicio de Función Pública ataca, por omisión o intención, el surgimiento de una estrategia nacional de desarrollo con independencia. Será una propuesta para intereses ajenos y no los públicos.
¡Sólo a partir de que sean fijados los objetivos de desarrollo puede empezarse a discutir el financiamiento del sistema!
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