¿Cuál es su posición frente al proyecto que reforma la Ley de Sociedades Anónimas?
AMG. Una ley que data de hace tanto tiempo (1927), demuestra que tal vez el instrumento jurídico que soporta a nuestra sociedad requiere de una revisión y actualización. Parece que el transcurso del tiempo de alguna manera impacta en la eficacia de un instrumento para poder producir la tutela efectiva que él mismo propone en su creación. Ese solo hecho es un indicador de que hay que revisar. Creo que amerita que reunamos a distintos actores para mejorar la Ley, sobre todo, porque Panamá es un país de servicio, con una actividad que reporta ganancias, pero que también ha mostrado vulnerabilidades.
¿Es mala la Ley?
AMG. No quiero señalarla como mala, no es mi enfoque. Lo que digo es que una Ley de 1927 -y con los adelantos que ha experimentado Panamá como país de servicio-, impone su revisión para adecuarla a los tiempos y a las vulneraciones que ha demostrado en este periodo tan largo. La Ley surgió cuando Panamá no tenía la actual actividad económica y nada debe permanecer inmutable. Esto no se compagina con la actividad en la Zona Libre y el Centro Bancario. La forma como están las sociedades constituidas en la Ley permiten que se haya vulnerado el sistema bancario. No quiero polemizar con los que la consideran buena. Mi área es determinar si las sociedades y sus miembros se han dedicado a actividades que están fuera de la Ley. Las sociedades que se dedican a actividades lícitas no tienen ningún problema, pero cuando se usan para una actividad ilícita, ¿tiene la misma Ley el instrumento, las herramientas para determinar quiénes son los responsables?
Juristas dicen que el problema no son las sociedades, sino las cuentas bancarias que se abren sin control. ¿Habría que cambiar las leyes bancarias?
MG. No sé si hay que hacer reformas o mayor docencia en los bancos sobre la importancia de los controles. Pero no nos podemos llamar a engaños: ha habido casos en los cuales es evidente que transacciones irregulares no han llamado la atención de los oficiales bancarios. Hay elementos en la investigación que llevan a preguntar, ¿dónde estuvo el paso previo de control antes de abrir las cuentas? Lo que sí se impone es una gran mesa de debate en la que se discuta qué hemos encontrado y hacer un gran diagnóstico para llegar a las conclusiones a las que yo no puedo llegar en esta entrevista. No tengo todos los elementos, tengo mi perspectiva desde mi ámbito de la persecución criminal y no puedo calificar el trabajo del resto de los actores. Desde acá veo vulnerabilidades, pero pudiera ser que no sean vulnerabilidades, sino complicidad, entonces el sistema no falla, son las personas.
Otros afirman que nunca se investiga a banqueros. ¿Es así?
AMG. En este momento no le puedo decir si hay bancos o banqueros investigados, lo que sí se sabe es que de las investigaciones se desprende que a empleados de bancos no les llamó la atención determinada transacción que se refleja como una transacción dolosa. Pero aquí hay que determinar si las personas saben que la transacción es dolosa.
Pero no se conocen condenas contra oficiales de cuenta
AMG. Eso va a cambiar, porque el sistema con las reformas penales (recientemente aprobadas y que entrarán en vigencia el próximo año) tiene nuevos tipos penales que imponen sanciones. Esto, desde las sacudidas que ha experimentado el sistema bancario panameño, que han sido desafortunadas para la imagen del país, pero positivas para mejorar los controles. Tenemos una serie de casos que nos han arrojado con meridiana evidencia que hay situaciones que deben ser reguladas. Hay nuevos tipos penales en cuanto a los funcionarios, gerentes y manejadores bancarios que violan los controles. Vamos por ese camino.
¿Por qué nunca se expone a los verdaderos dueños de sociedades?
AMG. Se necesita una mayor operatividad investigativa. Tenemos que contar con recursos para tener auditores forenses, contables forenses, una Unidad de Análisis Financiero con más posibilidad de colaborar expeditamente con el Ministerio Público en una investigación que definitivamente no es la especialidad nuestra. Necesitamos expertos que revisen la trazabilidad y el movimiento de los fondos, porque ahora dependemos de los peritos del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría.
¿Y cuándo contará con un sistema eficaz?
AMG. Hay que entender que debe blindarse el sistema de investigación dotándolo de recursos. Todos los años asignamos un poquito de nuestros recursos para lograr esta meta y capacitamos a funcionarios nuestros en investigación financiera.
¿No hay voluntad del Ejecutivo para asignar los recursos?
AMG. No quiero especular sobre la voluntad del Ejecutivo para asignar fondos. La Procuraduría debe ser un ente autónomo para poder investigar los delitos de cuello blanco y a esas personas que se dedican a hacer transacciones ilícitas amparadas con el ropaje de la legalidad.
También hay presiones de la OCDE para que Panamá deje de ser un paraíso fiscal
AMG. “Hay que ser responsables y prudentes con las presiones de la OCDE, porque Panamá es una competencia en la región y ofrece ventajas que le han permitido tener un desarrollo importante que produce la envidia de otros destinos para atraer capitales e inversión. Y eso no se debe poner en riesgo. No deben ser tomadas en cuenta solo las imposiciones desde afuera, debe haber un análisis prudente y responsable de los propios actores, para que sepan que para seguir con el sistema y sus bonanzas, hay que blindarlo.
