La secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, justificó la millonaria contratación directa de empresas recién creadas o vinculadas a familiares y allegados políticos del actual Gobierno.
"Si las empresas cumplieron con los procedimientos, desde el punto de vista de la ley no hay objeción ni margen para señalar irregularidades", informó.
A pesar de que Panamá América publicó que nueve de las 12 empresas beneficiadas con los contratos directos del programa para reemplazar "Escuelas Rancho por Escuelas Dignas" están vinculadas con prominentes miembros del Gobierno, Montenegro de Fletcher dijo que no se pronunciará sobre estos casos, so pretexto de que es competencia de las fiscalías anticorrupción.
Investigación.
Los hechos ya han sido publicados en Panamá América, pero la funcionaria consideró que "faltó profundizar la investigación", pese a que se divulgó información oficial del Registro Público y de otras entidades para sustentar la información.
Por su lado, el ex "zar" anticorrupción, Cristóbal Arboleda, dijo que la Secretaria Anticorrupción debe actuar frente a las denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción por funcionarios.
Lamentó que las fiscalías anticorrupción no inicien una investigación de oficio por las publicaciones de Panamá América, aunque implican sospechas de actos de corrupción o tráfico de influencia en el otorgamiento de contratos.
¿Procedimiento? La fiscal primera Anticorrupción, Mercedes De León, dijo que por el momento no iniciará una investigación sobre la denuncia interpuesta por el abogado Guillermo Cochez, debido a que "no ha llegado al despacho".
Segúnla funcionaria, para poder actuar de oficio, la Fiscalía Anticorrupción requiere que la Contraloría les remita una investigación previa sobre el uso de dineros. Sin este documento, dice, nada se puede hacer.
