La discusión del proyecto de ley con el cual se permitiría la venta de los bienes cautelados a los narcotraficantes y otras personas procesadas, fue suspendida por petición del Ministerio Público, quien presentó este proyecto ante la Asamblea Nacional.
Tras recibir la petición, la Comisión para la Prevención y Erradicación de la Droga de la Asamblea acordó presentar una propuesta para que se incluyan cuatro artículos de este proyecto de ley en la propuesta de Código Procesal Penal que será discutida en marzo próximo.
En este sentido, el secretario general de la Procuraduría General, Rigoberto González, precisó que estos cuatro artículos tienen como finalidad el darle un manejo más rápido y eficiente de manera que se pueda disponer de estos bienes y no se tenga que esperar todo un proceso penal para determinar su utilización.
González reconoció que la entidad no tiene la capacidad económica para darle custodia a esos bienes, que entre otros artículos incluyen helicópteros, aviones, lanchas, automóviles, locales y residencias y por lo menos mil 70 vehículos que están en el corral del Ministerio Público ubicado en la vía hacia Cerro Patacón y que están en franco deterioro.
Sin embargo, el proyecto de código establece en su articulo 136 que la pena prescribe en un término igual al de la pena señalada en la sentencia.
Las penas por otro lado se incrementan en la mayoría de los delitos entre ellos el cobro indebido de seguro en donde la pena actual es de 1 a 3 años y se propone aumentarla de 2 a 6 años.
Sin embargo, la preocupación para Magali Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia es que mientras crean nuevas figuras delictivas y se aumentan las penas para algunos casos, se mantienen las penas para los delitos de violencia Intrafamiliar de 1 a 3 años, violación sexual de 5 a 10 años, explotación sexual 4 a 6 años y hostigamiento sexual de 1 a 3 años.
También critica que se bajen las penas para el maltrato a menores, ya que quien maltrate a un niño, niña o adolescente hoy tiene una pena de 2 a 6 años y en el proyecto de nuevo código se propone una pena de 2 a 4 años.
Según Castillo, las muertes de mujeres por razón de la violencia intrafamiliar parece también que es un asunto tan insignificante que para los codificadores no mereció el aumento de penas, a pesar de que la corriente que se siguió era aumentar las sanciones en todos los delitos.
En el nuevo código se crea la figura del robo de energía, señal de cable, agua o telefonía y la pena es de 2 a 4 años y de 4 a 6 años para el que transmita o retransmita. El código actual no tenía en su contenido estas tipificaciones delictivas.
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