Narcotráfico amenaza sistema de justicia

UN FALLO emitido por los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia sobre un caso de narcotráfico ha puesto a la justicia panameña en el ojo de la tormenta.
Aparentemente el problema surgió por la interpretación dada a una carta enviada por la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) el 6 de agosto de 2002 al entonces procurador de la Nación, José Antonio Sossa.
En la misiva se solicitaba tener participación bilateral en la investigación de un delito de narcotráfico, pero más que eso, se ponía en conocimiento al Ministerio Público de la existencia de un grupo de narcotraficantes que utilizaban aguas panameñas para traficar drogas.
La defensa de los implicados adujo que la misiva pide una asistencia legal judicial y que por lo tanto debió procesarse tal como lo establece el Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Asuntos Penales, entre el procurador general de Estados Unidos y el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá.
Pero el fiscal primero de Drogas, Patricio Candanedo, tiene otra interpretación. La carta, según su entender, es una simple denuncia de un hecho delictivo que se estaba dando en Panamá y por lo tanto no ameritaba la aplicación de lo establecido en el Tratado de Asistencia Judicial Mutua.
Para él, las pruebas aportadas no fueron recibidas del extranjero sino recabadas en Panamá por la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas de la Policía Técnica Judicial (PTJ), tal como lo establece la Resolución N° 012-2001 de 27 de noviembre de 2001.
No obstante, basados en esa aparente ausencia de formalidad, el 15 de diciembre los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia, Andrés Almendral y Rolando Quezada anulan lo actuado y con ello se libera a los implicados. Para Candanedo, este fallo fue improcedente, porque no era el mecanismo que se debió aplicar y además no está regulado por el artículo 2294 del Código Judicial.
Basado en la droga incautada en Panamá, Colombia hizo el 9 de abril del 2003 un allanamiento que condujo a la captura de traficantes ligados al grupo detenido aquí. Para el vecino país, las pruebas encontradas en Panamá tienen validez, no obstante, aquí han sido consideradas "pruebas espurias o faltas de legitimidad".
Esto condujo, 13 días después del fallo, a que el Fiscal de Drogas interpusiera un amparo de garantías constitucionales sobre lo actuado por Almendral y Quezada. Según Candanedo, la demora en la presentación del recurso se debió a que había que estudiar qué medida procesal se podía aplicar.
Ahora a la Corte Suprema de Justicia le queda una enorme tarea, porque sobre el fallo de los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia no cabe recurso de impugnación.
El amparo de garantías presentado a la Corte por el fiscal Patricio Candanedo tiene como ponente al magistrado suplente Jorge Federico Lee. Ahora el pleno de la Corte tendrá que decidir si lo actuado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia fue correcto o si viola por omisión el artículo 32 de la Carta Magna.
Este conflicto pone de relieve una interrogante: ¿está siendo minado el sistema judicial panameño por el narcotráfico?
Nadie se atreve a asegurarlo. No mientras no se tengan todos los pormenores, así lo hizo saber el ex magistrado Edgardo Molino Mola.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez, aseguró que de comprobarse que la justicia panameña está influenciada por elementos del narcotráfico sería muy lamentable y sumamente peligroso.
No obstante, dijo que con la anuencia de la jefa del Ministerio Público están girando una invitación al fiscal de Drogas para saber los detalles del caso.
Pero si bien es un asunto delicado, no es un tema reciente. Ya desde 1997 y basado en un informe presentado por cada país, el periodista e investigador guatemalteco Edgar Celada habla de una narcoactividad en Centroamérica.
Celada señaló incluso que la región pasó de ser una mera zona de tránsito del trasiego de droga a un mercado en sí mismo, en donde cada país cumple una función en esa narcoactividad.
Según el periodista, mientras en Panamá y Costa Rica se desarrolla el lavado de dinero, Honduras, Nicaragua y Guatemala destacan por la extensión de la producción.
Sin embargo, eso no es todo. El documento también recalca la incidencia corruptora del narcotráfico en los sistemas judiciales, señalando que en Panamá el problema probablemente sea uno de los más graves pues, "según indicios, la corrupción alcanzaría a altos niveles de la magistratura".
De ser así, en Panamá tendríamos que vernos en el espejo de los vecinos. En Colombia las ganancias del ilícito han corrompido a funcionarios del sector público y privado, lo que ha vulnerado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
No en vano en Colombia se habla de que los jueces fueron maniatados de pies y manos debido al pago de favores a que se acostumbraron. Esto, sumado a la filtración de información, a las amenazas y las intimidaciones, así como a la falta de protección, prácticamente paralizó su ejecutoria.