El alcalde Juan Carlos Navarro podrá seguir multando a los que arrojen basura en la calle, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional el decreto municipal que establece sanciones para los infractores de las disposiciones concernientes al aseo y ornato en la capital.
El referido decreto alcaldicio No. 2025 de 1 de diciembre de 1995 resistió a dos advertencias de inconstitucional. Una primera advertencia fue promovida por el Licdo. Juan Carlos Rodríguez, quien actuó en condición de apoderado legal del ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado. La segunda advertencia fue presentada por el Licdo. Octavio Villalaz Benzadon.
Según el apoderado del ministro Delgado, el Municipio de Panamá no tiene facultad legislativa para imponer sanciones ni tampoco podrá sancionar al Ministerio de Economía y Finanzas por arrojar desechos en la calle, aceras, lugares inadecuados y áreas públicas.
Según la Corte, el decreto no conculca preceptos constitucionales, pues se trata de una sanción de carácter administrativo, impuesta por autoridades administrativas, como consecuencia de la infracción de una disposición administrativa sobre aseo y ornato en el distrito de Panamá.
La Corte sostiene que la cualidad normativa del referido decreto no se relaciona con el contenido del artículo 31 de la constitución, que establece garantías de tipo penal y no se refiere a faltas o sanciones administrativas.
Mediante el decreto 2025 se establece que las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones del mismo serán sancionadas por las autoridades correspondientes con multas de diez balboas hasta cinco mil balboas.
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