Si bien todos están de acuerdo que es necesario reformar la Constitución Nacional, lo cierto es que existen discrepancias sobre el momento, la forma de hacerlo y los cambios que hay que realizar. Así lo expresaron los juristas que participaron en el Foro "A 30 años de la Constitución de 1972: El futuro de la Nación", realizado por la Universidad Santa María La Antigua (USMA).
José Raúl Mulino, ex canciller de la República, dijo que luego de tres décadas de la Constitución desde 1972, es hora que el tema de una reforma se comience a discutir.
"No hay duda que se requieren cambios constitucionales", pero hay que dejar claro que la situación actual que vive el país no es causa de la Carta Magna, sino del agotamiento del sistema que ha llevado a un problema de ética, moral y principios, aseguró.
Indicó que "nos estamos encontrando más rápido de lo esperado con el final del sistema que incide en el estancamiento del país, donde los cambios cosméticos quizá resolverán algunos de los problemas, pero el punto medular no".
Recomienda que una reforma debe ser profunda e incluir eliminación de una vicepresidencia de la República, un suplente a legislador, modificar la composición de la Asamblea, así como la inmunidad y privilegios absolutos para los legisladores, los métodos para elegir magistrados, procuradores, contralores y la reorganización del Poder Judicial.
Para Mulino el método para hacerlo no es un invento, pues existe la posibilidad y debe ejercerse en dos Asambleas, la saliente y la entrante como la forma más correcta, pero lo que más preocupa es que se tome la decisión de hacer algunos cambios a las estructuras como un caramelo para ganar tiempo, mientras que las otras cosas importantes en la vida de la Nación, siguen sin rumbo.
Antes de cualquier reforma es imperante que se diseñe un proyecto nacional que surja de una amplia discusión entre todos los sectores políticos, civiles y que sea representativo, ya que la Nación y su rumbo actual lo requieren antes de hacer cualquier cambio a la Constitución, puesto que la improvisación nos está asfixiando. "La voluntad política de actuar bien y con transparencia a veces parece más burla que un verdadero compromiso", señala.
Por su parte, Juan David Morgan, abogado de la firma Morgan & Morgan, considera al igual que Mulino que no se le puede achacar a la actual Constitución los problemas que vive el país, pues lo que existe es una crisis de conducta ciudadana que requiere un cambio de actitud de los políticos y toda la sociedad.
Si bien es cierto que la Constitución se ha quedado atrás, tampoco deben efectuársele cambios cosméticos. Una reforma debe ser un proceso donde se analicen los problemas del país y cómo se van a resolver, por ejemplo eliminando el negocio de la política y acabando con la mala distribución de las riquezas.
José Isabel Blandón, abogado y legislador arnulfista en cambio discrepa y considera que las instituciones son fundamentales, y señala que el gran problema del país radica en que hay una crisis de legitimidad de las instituciones, que se puede corregir con una profunda reforma.
Afirma que son impostergables si se desea modernizar el Estado y tener los controles que eviten malos comportamientos. Estos cambios recomienda el legislador, pueden llevarse a cabo "vía un proceso constituyente", donde se hagan cambios a la Asamblea Legislativa, la forma en que se eligen los legisladores, entre otros.
