¿Necesidad o burocracia?

EL PROYECTO de ley que busca restablecer el récord policivo, ha generado mucha polémica, sobre todo entre los sectores que ven este documento como un instrumento más de la burocracia panameña o como un nuevo mecanismo para darle paso a la corrupción.
Algunos lo visualizan como una oportunidad para poder identificar dentro de sus empresas a aquellos que tengan tendencias a cometer actos delictivos, pero otros lo ven como un obstáculo para quienes tengan interés de resocializarse, quieran obtener una plaza de empleo.
Muchas son las opiniones que existen frente a la discusión de este proyecto, que se mantiene suspendido en segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, tras comprobarse que el periodo inicial de consultas al documento fue casi nulo.
No obstante, esta semana tras un periodo especial de consultas realizado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, surgieron nuevamente los argumentos a favor y en contra del documento, y se espera a partir del lunes reiniciar su discusión en el pleno legislativo.
El proponente del proyecto, el diputado Jorge Hernán Rubio, mantiene la posición de que se retome la expedición del récord policivo, aunque mostró su disposición a mejorar su redacción para que no se tome como un freno a la inserción laboral de aquellas personas que hayan sido condenadas y que hayan pagado sus penas.
No obstante, fue enfático en señalar que no están dispuestos a que se prohíba mediante una ley conocer qué personas están entrando a nuestras casas para cuidar a nuestros hijos, a trabajar en las escuelas siendo maestros de sus hijos, o a laborar en las empresas, porque a su juicio ese es un derecho que también hay que tomarlo en cuenta.

El objetivo principal de la propuesta, señaló es respetar el derecho que todo ciudadano tiene de poder exigir que se expida su propio historial policivo. "Ese es un derecho individual de cada uno de nosotros, que no lo puede limitar una ley so pretexto de que haya una barrera laboral".
Subsidiariamente dijo el restablecimiento busca que en una empresa por lo menos se sepa a quién se le está dando esa oportunidad para trabajar o que puedan ser ubicados en departamentos de las empresas que no sean tan sensitivos.
El proyecto modifica la Ley 66 de 2001, con la cual se eliminó la solicitud del récord policivo como un requisito para obtener un empleo. El historial lo maneja de forma confidencial la Policía Técnica Judicial.