Dentro de los centros penitenciarios existe una constante violación a los derechos humanos de los internos, entre las que se incluyen falta de agua, asistencia médica e incluso mal manejo del control del cumplimiento de las penas.
El director de Asistencia y Coordinación Penitenciaria del Ministerio Público, Diomedes Kaa, precisó que esta situación se vive en casi todas las cárceles del país.
También existe un grave problema de hacinamiento, debido a que el sistema actual tiene capacidad para unos siete mil reclusos, pero la población carcelaria es de 11,500 internos.
Históricamente ha existido una desatención premeditada de los derechos humanos, explicó.
Según Kaa hay una actitud negligente respeto a los derechos humanos de los presos, debido a que los funcionarios se acostumbran a una situación de crisis permanente.
Pero existen formas coordinadas para aliviar las condiciones de reclusión, que en ocasiones no implican un gran gasto de recursos, advierte.
En tanto, la Fundación para Apoyo al Detenido elaboró una propuesta para integrar una comisión interinstitucional para abordar los problemas del sistema penitenciario y que se concedan los recursos para dar una mejor atención a los detenidos.
Privatización. Kaa consideró que la privatización de las cárceles no resolverá el problema del hacinamiento ni los problemas de violación a los derechos humanos existentes.
Dijo que en algunos países en donde se han privatizado las prisiones no se ha resuelto este tipo de situaciones.
No obstante, alegó que en el caso panameño se podrían privatizar algunos servicios carcelarios para mejorar su calidad.
Libertad condicional. La libertad condicional es un derecho que todo privado de libertad debe tener acceso, pero tradicionalmente este beneficio no se le concede a todo los internos que califcan para ello.
Para optar por una libertad condicional los internos deben cumplir las dos tercios de la pena, mantener buena conducta y no haber sido condenados por delitos graves ni por narcotráfico.
En este sentido Javier Justiniani estimó que se debe sustituir la detención preventiva por medidas cautelares a los reos sancionados con penas de 48 meses de prisión o menos, tal como lo establece el Artículo 2127 del Código Judicial.
Sin embargo, aseguró que estas medidas no se aplican.
