Las irregularidades encontradas en la Policía Técnica Judicial (PTJ) sobre los casos de nepotismo que involucran a funcionarios de la entidad, sólo son sujeto a faltas administrativas y no una causal de destitución, según comentó el ex procurador de la Nación, Rogelio Cruz.
El abogado, quien se basó en un análisis de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 promulgada mediante Gaceta Oficia, la cual regula la Carrera Administrativa aplicable a los servidores públicos, sostuvo que en la norma no se habla de nombramientos nulos.
Dijo que la Procuraduría debe ser benévola, debido a que el personal que mantiene lazos de parentesco es un recurso humano invaluable, donde el Estado ha invertido en la preparación investigativa y de capacitación.
El ex procurador sostuvo que en este caso se deben dar las reubicaciones y traslados necesarios.
Para el ex director de la PTJ, Rodolfo Aguilera, se debe considerar que un funcionario entrenado con experiencia a nivel investigativo, no debe ser expulsado del servicio público, y recomendó en su lugar la reubicación.
Sostuvo que las sanciones deben ser aplicables a quien hizo el nombramiento.
Aguilera explicó que en estos casos de nepotismo la procuradora Ana Matilde Gómez tiene las facultades de supervisión frente al director para indicarle los parámetros a seguir, pero las sanciones y destituciones son competencia del director de la entidad por ley.
En torno a los ascensos y escalafones salariales, Aguilera dijo que los efectuó basados en los resultados de la productividad.
Aguilera describió la actuación de la procuradora Gómez basada en la buena fe. Consideró que es importante la depuración, la cual se debe hacer de manera rápida sin violar el debido proceso.
