Elevar a decreto el compromiso de no explotar los yacimientos en Cerro Colorado y la advertencia hecha a los extranjeros que promuevan la actividad minera en la Comarca Ngäbe Buglé, han resultado dos intentos fallidos para calmar la protestas del pueblo indígena que exige la derogación de la Ley 8, que reformó el Código Minero.
Rogelio Montezuma, de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y Derechos de los pueblos ngäbe y buglé, advirtió que el mismo pueblo se encargará de hacer cumplir el plazo dado por la ministra Roxana Méndez a los extranjeros que se dedican a promocionar la minería en la comarca.
“La Ley 10 que creó la comarca es clara y la aplicaremos para sacar a estos intrusos que quieren aprovecharse de los recursos minerales”, dijo Montezuma.
Protesta.
Distribuidos en varios frentes estratégicos en las provincias de Panamá, Veraguas , Chiriquí y Bocas del Toro, los indígenas continuaron con los cierres de calle.
A diferencia de otros días, ayer los manifestantes se tomaron las oficinas de la Gobernación de la comarca, impidiendo el paso de los funcionarios.
En medio del malestar de los campesinos e indígenas, monseñor José Domingo Ulloa reiteró que la Iglesia católica está dispuesta a mediar para que se dé un diálogo entre los dirigentes indígenas y el Gobierno.
Sin embargo, el Gobierno dice estar dispuesto a entablar un diálogo, pero sin tener que derogar la ley.
