El analista político José Blandón aseguró que el caso del préstamo que otorgó la Caja de Ahorros al consorcio que inicialmente iba a construir el centro de convenciones Amador, ni con "viagra jurídica" podrán levantarlo porque no tienen solidez jurídica.
Blandón dijo que en este caso específico los fiscales y el propio secretario general de la Procuraduría de la República, Rolando Rodríguez, carecen de los conocimientos sobre el manejo bancario con respecto a línea crédito, por lo que sería recomendable que la Asociación Bancaria Nacional los instruya.
El analista explicó algunas cosas que están dentro del expediente y aclaran este caso :
- Los fondos de la Caja de Ahorros no son del Estado, son fondos de los ahorristas. Por lo que no cabe la figura sobre delito peculado sobre este caso.
- La Contraloría de General de la República no realiza pre ni post auditos sobre los fondos de la Caja de Ahorros porque no son fondos del Estado.
-El préstamo otorgado al consorcio fue aprobado el 12 de diciembre del 2012 en sesión de junta directiva de la CA por 4 horas; y el desembolso se dio el 31 de diciembre.
- Para entregar este desembolso no era necesario la firma del acta de inscripción en el Registro Público, de acuerdo al protocolo bancario.
- Todos los fondos de la CA son fiscalizados por la Superindentencia Bancaria.
- En el expediente que el consorcio pagó el préstamo incluyendo los intereses.
- Para el otorgamiento de este préstamo se cumplió con todos los requisitos, garantías y protocolos exigidos.
Blandón dijo que detrás de este caso hay una clara persecución política contra los exmiembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros, como el empresario Riccardo Francolini , periodista Fernando Correa y otros.
"En este caso hay una clara violación a los derechos de Francolini y Correa", pero además hay un intención para que la actual administración de la Caja de Ahorros se convierta en parte de esta investigación por recomendación de la Procuraduría de la Administración.
Blandón sugirió al Licdo. Rigoberto González, procurador de la Administración, a que investigue la actuación de la Policía Nacional en la orden de conducción contra el periodista Correa en medio de un noticiero televisivo sin una orden legal, y los fiscales. Aunque reconoce que su figura es de un abogado del Estado y su opinión no es vinculante.
Mostró preocupación por el camino legal que está tomando este caso en contra de los implicados y sobre todo ponen en duda el prestigio y solidez de este banco panameño.
El empresario Riccardo Francolini y el periodista Fernando Correa son investigados por la Fiscalía Primera Anticorrupción por supuestas irregularidades en el ortorgamiento de un préstamo al consorcio que inicialmente iba a construcción el centro de convenciones de Amador. Ambas personalidades eran miembros de la junta directiva de la CA en ese entonces.
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