El ministro de Gobernación de Nicaragua, Arturo Harding Lacayo, agradeció al procurador general de Panamá, José Antonio Sossa, "su importante colaboración" en la lucha del gobierno nicaragüense contra los actos de corrupción, en los que se investiga al ex presidente Arnoldo Alemán y sus allegados.
En la nota que tiene fecha 2 de octubre y a la que tuvo acceso ACAN-EFE, Lacayo agradece a Sossa en nombre del pueblo y presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, los esfuerzos de Panamá en la lucha que libra Nicaragua, para "perseguir delitos que se han cometido en contra del progreso y bienestar de nuestro pueblo".
También le agradece a Sossa el hecho de saber que Nicaragua cuenta con el apoyo de Panamá "para solicitudes de auxilio judicial, que en un futuro puedan ser requeridas por nuestras autoridades".
Sossa encargó al fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, las investigaciones sobre cuentas bancarias abiertas en Panamá por funcionarios y allegados al anterior gobierno de Alemán.
Arnoldo Alemán es el actual titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua y por ello goza de inmunidad ante la justicia.
Miranda, en declaraciones a ACAN-EFE el pasado viernes, afirmó que Panamá mantendrá congeladas 25 cuentas bancarias que contienen, en total, siete millones de dólares que fueron supuestamente malversados del erario público de Nicaragua por Alemán y sus allegados.
Precisó que desde hace varios meses Panamá, a petición de Nicaragua, comenzó el proceso de investigación sobre desvío de dinero del Estado nicaragüense a bancos que operan en esta capital.
Puso de relieve que una vez se concluya las investigaciones y el análisis de la información recopilada, ésta será puesta en manos de un juez, quien será, finalmente, el funcionario que determinará si esos siete millones se quedan en Panamá o son devueltos a Nicaragua.
"Es un dinero mal habido de un país hermano que sufre miseria, por lo tanto me es difícil adelantar si esos siete millones de dólares se quedarán finalmente aquí o serán devueltos a Nicaragua. Eso lo decidirá el juez en conjunto con los poderes ejecutivos de ambas naciones", remarcó el funcionario panameño.
Manifestó que, en todo caso, su despacho se rige por la ley 41 del 2 de octubre del 2000 que señala que cuando se haya ordenado el decomiso de bienes, instrumentos, dineros o valores que sean producto del "blanqueo" de capitales, el juez, en la sentencia, ordenará que sean puestos a disposición de un fondo especial para jubilados.
El artículo 7 de esa ley dice que los dineros incautados producto del delito de "blanqueo" de capitales "serán puestos inmediatamente a disposición del fondo de jubilados sujetos a que, en la sentencia, se ordene su incorporación definitiva a dicho fondo o su devolución al procesado o a la víctima, según sea el caso".
No obstante, anunció que este proceso de investigación en Panamá "será largo" porque hay que recabar información financiera de todas las cuentas investigadas en Panamá y otra "gran cantidad de documentos que nos debe llegar para determinar responsabilidades y responsables".
Explicó que, por el momento, no ha habido órdenes de arresto en Panamá contra quienes se prestaron para este delito ni tampoco se han girado peticiones de extradición por parte de ninguno de los dos países.
Declaró, además, que copia de toda la información recabada en Panamá se ha enviado a las autoridades nicaraguenses para que ellas decidan el destino de los involucrados de acuerdo con su ordenamiento legal y constitucional.
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