El empresario Shimon Yelinek afirmó ayer que Oris Zoller, propietario de la empresa GIRSA, utilizó su nombre para involucrarlo en el tráfico de los 3,000 fusiles AK-47 transportados en el barco de bandera panameña Otterloo y que funcionarios del gobierno saliente de Nicaragua aprovecharon el cambio de administración para realizar un negocio ilegal.
Yelinek, de 41 años de edad y dedicado al negocio de bienes raíces, aseguró, vía telefónica, que nunca actuó en representación de la Policía o del Gobierno panameño, pero que sí estuvo en Nicaragua con Oris Zoller y que por invitación de éste acudió al depósito de armas de la Policía nicaragüense.
"Estuve en tres ocasiones en Nicaragua; en una de ellas me reuní con un general del Ejército de Nicaragua de apellido Calderón y junto con Oris Zoller hablaron de un negocio con precios escandalosamente buenos, entonces me di cuenta que querían hacer un negocio ilegal antes del cambio de gobierno y puse un alto", sostuvo.
"Nunca actué en representación de la Policía de Panamá, nadie de ellos se comunicó conmigo, así que mal podía hablar en nombre de ellos. Tampoco Oris Zoller hizo mención nunca de las autoridades panameñas", indicó.
Dijo que estuvo en Nicaragua a principios del año 2000 para realizar negocios relacionados con dutty-free y que en uno de esos viajes, Zoller le pidió que lo acompañara a una visita a los depósitos de la Policía de Nicaragua, pero que no tenía ninguna relación con las armas.
Por otra parte, la agencia ACAN-EFE informó que el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, y su colega de Panamá, Mireya Moscoso, se reunirán hoy en San José (Costa Rica), para tratar el tráfico de armas y municiones desviado a Colombia.
El canciller de Nicaragua, Norman Caldera, confirmó que el presidente Bolaños y su colega Moscoso se reunirán hoy en horas de la noche, en ocasión de asistir a la toma de posesión del presidente electo de Costa Rica, Abel Pacheco, mañana miércoles
"La documentación que utilizaron los empresarios israelíes para la compra de las armas es falsa y la Policía de Nicaragua no cumplió con la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales Relacionados", precisó Barés.
Alemán declaró además que el gobierno de Panamá anunciaría "varias coordinaciones" relacionadas con la investigación internacional que se inició en enero, tras descubrirse la operación de tráfico de armas.
Enfatizó que "las armas estaban bajo custodia de la Policía de Nicaragua, salieron de los depósitos de la Policía de Nicaragua, y fueron embarcadas por la Policía de Nicaragua en un buque en aguas de Nicaragua y llevadas a Colombia".
La semana pasada el director del Consejo de Seguridad de Panamá, Ramiro Jarvis, dijo que el armamento fue embarcado el 10 de noviembre pasado en el puerto Rama, en el Caribe de Nicaragua y entregadas a desconocidos en el puerto de Turbo, Colombia.
Igualmente el ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, exigió el pasado lunes a Nicaragua que realice una investigación y exonere a Panamá, porque su país "no pidió ni negoció armas con Nicaragua".
