La Policía Técnica Judicial (PTJ ) no ha tenido acceso a la documentación manejada por las autoridades nicaragüenses relacionadas con el trasiego de 3,000 fusiles AK-47 y cinco millones de municiones, además de que éstas sistemáticamente se han negado a remitir información a través de la Interpol.
Una fuente del Consejo Nacional de Seguridad reveló a El Panamá América que agentes de la PTJ a quienes se les encomendó la investigación no han podido obtener información y documentación relacionada con la transacción realizada entre la Policía nicaragüense y la empresa guatemalteca GIRSA.
Precisó que pese a los esfuerzos realizados, los funcionarios panameños no han logrado tener acceso a la documentación original utilizada por las partes para ejecutar la compra de los fusiles y los dos millones de municiones.
A las autoridades panameñas se les ha informado que en Nicaragua no existe ninguna investigación judicial relacionada con la venta del armamento, ni sobre alguna persona vinculada con esta actividad.
También se señaló que los agentes han intentado establecer comunicación con el exjefe de la Policía nicaragüense, Franco Montealegre, quien se encargó de iniciar la transacción para la venta del armamento, pero a la fecha éste no ha podido ser contactado.
Por otra parte, la agencia AFP informó ayer que el Gobierno de Nicaragua guardaba silencio ante las manifestaciones del canciller de Panamá, José Miguel Alemán, que calificó a la Policía nicaragüense de "corrupta" por el desvío del mencionado lote de armas que terminó en manos de grupos irregulares de Colombia.
"Sobre ese tema nada se va a decir por ahora", indicó la fuente, quien pidió no ser identificada.
