El Gobierno de Nicaragua afirmó ayer que el informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre un tráfico ilegal de armas nicaragüenses a Colombia contiene algunas "inconsistencias" que serán reclamadas al organismo, aunque admitió su responsabilidad en los hechos.
"El informe tiene inconsistencias sobre las que nosotros vamos hacer los reclamos necesarios", anunció el canciller nicaragüense, Norman Caldera.
Una investigación realizada por la OEA entre julio de 2002 y enero de 2003 responsabiliza a las autoridades de Nicaragua de actuar con negligencia profesional en la venta de 3.000 fusiles AK 47 y municiones a Panamá y que terminaron en manos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (UAC).
"No hubo la suficiente investigación en ninguno de los tres países" involucrados y la OEA sólo se limitó a descubrir el andamiaje exterior de la operación, sin profundizar en las responsabilidades internas que deben ser asumidas por los gobiernos correspondientes, indicó.
Aclaró, sin embargo, que "eso no nos exime de la responsabilidad de las personas involucradas que permitieron que Nicaragua dejara salir un armamento que no llegó" a Panamá.
El informe de la OEA implica a 15 personas de diferentes nacionalidades, entre cinco ex altos oficiales de la policía y del ejército, y un ex ministro del gobierno del ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán (1997-2002).
La investigación ubica "como elemento clave" de las operaciones al ex inspector general del Ejército, Roberto Calderón, quien habría concretado el negocio con la firma guatemalteca Girsa, ligada al traficante de armas israelí Shimon Yelinek.
Uno de los mencionados en el informe es el ex ministro de Gobernación René Herrera, actual diputado del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), quien negó tener responsabilidad.
Herrera aseguró, en declaraciones ofrecidas a varios medios informativos nicaragüenses, que la venta había sido pactada con la empresa Girsa en el marco de una operación legal, y que bajo su mandato nunca se habló de ofrecer las armas a Panamá.
En términos parecidos se defendió el ex director de la Policía Nacional, Franco Montealegre, otro de los involucrados en el escándalo, quien afirmó que se cumplieron con los requisitos de venta establecidos por la ley, y que el intercambio quedó en manos del actual jefe policial, Edwin Cordero.
