LA aplicación de las reformas al Código Penal y Procesal Penal no costará más de 200 millones de balboas, según afirmó el coordinador de la Comisión Codificadora, el magistrado Wilfredo Sáenz.
El funcionario, junto a un grupo de codificadores, sustentó ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, la elaboración de ambos códigos. Aseguró que el mismo "no es un mamotreto", como han aseverado algunos sectores.
Al explicar cuánto costaría la aplicación de ambas legislaciones, Sáenz precisó que no cree que su implementación vaya a costar más de 200 millones de balboas como afirman los críticos de la Comisión.
Explicó que se está haciendo un ejercicio con unos auditores, para establecer cuánto realmente costaría su aplicación.
No necesariamente el dinero se tiene que invertir de inmediato, dijo, sino de forma paulatina, cada año y por circuitos judiciales.
Estos simplificarían algunos procesos, como la detención provisional y ofrecerían otros métodos alternativos de solución de conflicto.
Se recomiendan alternativas como la conciliación, la mediación y los arreglos, al igual que la limitación de los juicios extensos.
El Estado respondería civilmente por mantener a un inocente detenido por más de dos años.
Niegan impacto de códigos
La Alianza Ciudadana Pro Justicia considera que los mismos son inconsultos.
