El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) desmintió que existan anomalías en los cobros a clientes que efectúan sus pagos a través de las páginas de Internet de los bancos donde mantienen cuentas.
De acuerdo con la oficina de cobros de la institución, los pagos que se realizan a través del sistema de Internet lo efectúan los clientes que tienen cuentas bancarias o tarjetas de crédito, y solamente podrán efectuarlo aquéllos que estén al día pues generalmente los pagos de agua se realizan por ventanilla.
Explican que en el caso de personas morosas que realizan arreglos de pagos se les pregunta la cantidad que será abonada a consumo de agua y cuánto a tasa de aseo (recolección de basura), por lo cual esta acción no es discrecional de la institución sino que el cliente decide a qué rubro abonará y la cantidad.
Sobre el consumo, Abdiel Díaz, del departamento de facturación, indicó que este proceso se inicia con la toma de lectura a cada usuario que pasa a un departamento de informática donde se capturan las lecturas.
Posteriormente pasan a un proceso de calidad inicial donde se revisan los consumos, ya sean altos o bajos, y los que muestren inconsistencias o errores de lecturas que a través de una hoja de inspección son corroborados en el campo, si es necesario, se hacen las correcciones y se emite la factura al cliente que es lo que va a pagar.
Rosales dijo que los están tratando como intrusos, cuando en realidad ellos están ubicados cerca de la playa, en terrenos nacionales.
Explicó que quienes reclaman las tierras alegan que esta fue vendida a un señor Almillategui, quien vendió a Inversiones Atalaya. Posteriormente esta vende a la Fundación Desarrollo Santa Clara, sin embargo, "nosotros tenemos más de 50 años de vivir allí".
Hipólito Sánchez Hernández, otro pescador, recordó que hace 20 años también intentaron desalojarlos de estas tierras, pero que no ocurrió porque se demostró que ellos son los propietarios, porque han vivido por muchos años.
Juliana Vázquez deRosales explicó que el único dueño que conoce de unos terrenos cercanos a donde están ubicados sus viviendas es el señor Riande, pero no del área de los pescadores, "este es nuestro terreno".
En tanta, Raúl Arias, quien tiene una casa de campo precisamente en estos terrenos, asegura que es una arbitrariedad lo que se está cometiendo en la playa de Santa Clara, porque ellos han pagado y poseen documentos de estos terrenos.
Dijo que la comunidad se está organizando, ya que se les están violando los derechos humanos a los pescadores y a los que habitan en estas tierras.
Además Arias comentó que sospechan que los planos que ha presentado la Fundación Santa Clara no revela dos a la reunión.
Indicaron que el señor José Alvarez ha amenazado a algunos de ellos y es él quien los quiere desalojar.
Por su parte, Eugenio Ballesteros, hijastro del señor Bergis Antistenis Moscoso, dijo que están luchando por que no desalojen a estas personas que han vivido por años.
En busca de ayuda y de soluciones para los pescadores residentes en la playa de Santa Clara, ayer se reunieron en la escuela del lugar con asesoría legal de la comisión de Derechos Humanos, la representante del corregimiento de Río Hato, Alda de Fernández, empresarios y los pescadores.
En esta reunión, en donde los pescadores recibieron a las autoridades con pancartas solicitando apoyo y oponiéndose al desalojo, se trató de plantear a la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, los que señalaron que tomarían notas para rendir un informe y que se pueda dar una respuesta a estas humildes personas.
El legislador Javier Tejeira de Antón y de la comisión de Derechos Humanos, dijo que se tratará de apoyar a estos pescadores que han vivido por años.
Según Evaristo García, al igual que otros pescadores, la razón principal por la que ahora personas extrañas los quieren desalojar de sus terrenos es porque ahora el sector playero tiene más valor y todos quieren aprovecharse sin tomar en cuenta que los pescadores dependemos de esta actividad y allí están nuestras casas.
Indicaron los pescadores que la Fundación Desarrollo Santa Clara es la que los quiere desalojar de sus terrenos sin importarle que ellos tienen derecho posesorio y más de 50 años de vivir en el área.
Las más de 100 familias que se ven afectadas por este litigio de terrenos señalan que a diario se dedican a la pesca para la venta y consumo, ya que en estos sectores también es escaso el empleo.
La representante del corregimiento de Río Hato, Alda de Fernández, dijo que es preocupante que se esté dando esta situación en Santa Clara, ya que en La Pacora también se presentó y posiblemente en Farallón, porque los empresarios quieren aprovecharse del valor que tienen ahora las playas en el área y por eso tildan de intrusos a pescadores que por más de 50 años han vivido.
Dijo que de la manera como han luchado porque no se desalojen a los residentes de La Pacora, luchará para que a los residentes de las playas de Santa Clara se les respete y no se desalojen a quienes tienen su derecho posesorio.
Aseguró que ella puede dar fe de que los residentes de estas playas son propietarios de los terrenos.
