"El mundo se está acabando o el anticristo está reinando", reflexiona una y otra vez Ana Cajar, de la División de Delitos Sexuales de la Policía Técnica Judicial (PTJ), ante el aumento de casos de menores de edad convertidos en objetos de pornográfía infantil.
Esta idea llega a la mente de Cajar, mientras cita algunos de los casos tramitados en ese despacho, los que a su juicio violan los derechos de los menores.
Como tal, citó una investigación realizada el pasado mes de abril en la que un ciudadano ruso, residente en Panamá, tenía una red de pornografía infantil. Se aprovechó de una niña de 13 años (hoy con 15).
Al principio se pensó que simplemente era un caso de trata y de indocumentados, pero gracias a una operación encubierta facultada por la Ley 16, sobre prevención y tipificación de delitos sexuales, la PTJ capturó al sujeto e interceptó la página web. Este expediente se encuentra en la Fiscalía Auxiliar y el ciudadano permanece detenido bajo investigaciones por otros delitos.
"Aquí vemos horrores", asegura la inspectora Cajar. Se refiere a casos como el de unas adolescentes, supuestamente contratadas para trabajar en Guatemala como modelos; sin embargo, la realidad era otra. Fueron engañadas y convertidas en "damas de compañía".
"En ese entonces teníamos una legislación muy débil en esa materia", destaca la inspectora de la PTJ, quien agrega que con la Ley 16 de marzo de 2004 se han endurecido las penas para quienes incurran en delitos como los antes descritos.
La norma también permitió crear esta sección especializada para atender casos de turismo y trata sexual y de pornografía con menores de edad.
Aunque se diga que el Órgano Judicial en ocasiones se hace de la vista gorda frente a los ataques sexuales a los menores, "yo considero que estamos avanzando.. tenemos leyes más severas, voluntad de trabajo, aunque estamos faltos de sensibilidad social y conocimiento de las normas legales", considera Cajar. En cada anécdota citada por la inspectora se teje una telaraña de circunstancias.
Maruquel Castroverde, fiscal Décimo Quinta del Primer Circuito Judicial, comparte con Cajar su incomodidad ante la explotación sexual comercial sufrida por los menores.
"El delito sexual es lo más atroz, es como una pesadilla en la vida de cualquier ser humano", es la conclusión de Castroverde, luego de haber atendido tantos casos en esa instancia judicial, destinada investigar este tipo de delitos.
Castroverde no puede ocultar el desagrado que le causa esa situación. "Cuando salga de esta dependencia judicial quiero estar convencida de que actué con rectitud e hice todo lo que estuvo a mi alcance para castigar a los criminales e intentar borrar algunas heridas en los menores abusados".
Las estadísticas que reposan en su despacho reflejan un aumento considerable de delitos sexuales en contra de niños y niñas. "De 10 denuncias, siete están relacionadas con menores".
Aduce que aunque la Ley 16 del Título VI del Libro II del Código Penal tuvo avances sustanciosos, presenta vacíos, especialmente en el tema de las condenas.
Una de las novedades es que la explotación sexual comercial contra víctimas especialmente vulnerables (menores y adolescentes con discapacidad) no es excarcelable bajo fianza. Además, la pena de prisión será aumentada hasta la mitad del máximo si la víctima es una persona con discapacidad.
Pero, todo se complica al hablar de denuncias. Ya no se trata si se quiere o no denunciar el hecho, sino que el delito sexual está intramuros, en el propio hogar.
Si un padre abusó de su hija y la madre depende económicamente de él o le tiene terror, la situación muere allí.
Sobre la tramitación en esa dependencia, la fiscal, quien no quiso hablar de redes para no sonar alarmista, aseguró haberse encontrado con el típico proxeneta, esa persona que tiene un contingente de chicas frente para las demandas sexuales.
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) considera la explotación sexual comercial como un delito semejante a la esclavitud y al trabajo forzoso; reconoce el derecho de las personas menores de edad a ser protegidas contra este tipo de violencia e insta a la búsqueda, procesamiento y sanción penal de los involucrados.
Sucede que no sólo es un problema más que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. En la actualidad se le considera como una de las más severas violaciones a sus derechos humanos.
La Ley 16 panameña expresa claramente que cualquier relación remunerada con menores de edad, amerita una pena de dos años de prisión.
Pero, para el abogado penalista Rafael Rodríguez, la solución del problema no se encuentra en la agudeza o aumento de las penas, sino en la transformación cultural del ciudadano, padre o madre.
Los principales perturbadores o corruptores de menores son los propios familiares de las víctimas.
Niños laborando al margen de las leyes
El artículo 3 del Convenio 182, identifica entre las peores formas de trabajo infantil: la utilización, facilitación u ofrecimiento de niños y niñas para la prostitución, producción de pornografía o para la realización de actos pornográficos. Muchos países no han ratificado esta norma propuesta por la Oficina Internacional del Trabajo.
