El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, reveló que el Consejo Económico Nacional (CENA) no dio concepto favorable para la firma de un contrato por B/.1 millón para la instalación del laboratorio para el análisis de las muestras de ADN.
Sossa alegó que esta es una mala noticia para la administración de justicia, ya que el laboratorio es una herramienta necesaria para ejecutar las investigaciones y ubicar a los delincuentes en la escena del crimen.
Precisó que esta herramienta es vital en la lucha de la criminalidad organizada y que este recorte hará más difícil las investigaciones por parte de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y el Instituto de Medicina Legal.
Indicó que esta decisión le resta el carácter científico a las investigaciones que se ejecutarán en casos de homicidios y filiación. Esto significa un atraso en la represión del crimen a nivel nacional.
Sostuvo que cifras estadísticas revelan que el 85% de los casos criminales son perpetrados por reincidentes, pero con la ausencia de esta herramienta se hará mucho más difícil la ubicación de personas acusadas de delitos como homicidio y violación.
El Ministerio Público había solicitado la firma de un contrato de siete años por un monto de B/.7.2 millones para la instalación de un laboratorio de ADN para ejecutar los trabajos de ubicación de criminales en la escena del delito mediante la toma de muestras biológicas y su comparación con un banco de datos.
