Luego de una reunión en el Palacio de las Garzas con los comisionados del Ente Regulador de los Servicios Públicos y la presidenta Mireya Moscoso, se decidió no aumentar la tarifa de energía eléctrica durante el período del 1 de julio al 31 de diciembre del presente año.
Mediante un comunicado de la Presidencia de la República, se anunció que Moscoso decidió que no habrá aumento en el costo de la energía eléctrica durante este período. La gobernante sostuvo que tras múltiples reuniones con representantes del Ente Regulador y de las empresas eléctricas, se encontraron alternativas para evitar este aumento.
Detalló que tan pronto el Ente esté listo dará a conocer al país los detalles de las medidas adoptadas. El Panamá América trató de obtener detalles sobre la fórmula usada por el Gobierno para evitar el alza, la cual, según el Ejecutivo, fue aceptada por las empresas eléctricas, pero no fue posible.
No obstante, previamente al anuncio del Gobierno, el vicepresidente ejecutivo de la empresa distribuidora Edemet-Edechi, Ricardo Barranco, consideró como un atentado contra la estabilidad jurídica de la inversión de las empresas eléctricas, la anulación del ajuste previsto para julio.
" Consideramos que si unilateralmente el Ente Regulador o cualquier otro órgano del Estado anula el ajuste tarifario previsto para julio de 2003, se estaría no sólo atentando contra la estabilidad jurídica de la inversión en las empresas distribuidoras, sino que se estaría atentando contra la estabilidad económica y financiera de la empresa", declaró a El Panamá América.
222 Mientras una de las empresas eléctricas advirtió que la anulación del aumento atentaría contra la estabilidad jurídica.
Agregó que, ante un hecho como éste, la empresa no podría cumplir con las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión y mucho menos con el pago a proveedores, lo que afectaría la estabilidad del mercado.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Industriales, Rafael Stanziola, calificó como justa y acertada la decisión del Ejecutivo de no permitir un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Recalcó que la situación no debe quedar allí, porque el SIP insiste en que se revisen las tarifas eléctricas, debido a que Panamá paga una de las más caras del mundo.
"No se puede favorecer a tres empresas que brindan el servicio en perjuicio de los empresarios, comerciantes, industriales y, sobre todo, del pueblo panameño", enfatizó. En tanto, el defensor del Pueblo, Juan Tejada, dijo que el Ente está obligado a poner a consideración ciudadana las alzas que se decreten en las tarifas eléctricas, de lo contrario la medida podría ser demandada.
Señaló que la Ley de Transparencia, en el artículo 24, obliga a todas las instituciones del Estado, incluyendo al Ente, a "permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos".
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