No concuerdan las cifras sobre los desaparecidos

El procurador José Antonio Sossa indicó ayer que el Ministerio Público maneja un listado de 37 personas desaparecidas durante la dictadura militar, lo cual representa una diferencia de unas 80 víctimas menos de las registradas por el Comité de Familiares de Desaparecidos "Héctor Gallego" (COFADEPA - HG).
La lista que manejamos es la que aparece en los reportes de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y es de alrededor de 34 personas desaparecidas, y el Ministerio Público ha sumado a la misma a otras tres que usualmente no se mencionan, pero se relacionan con la posible injerencia de autoridades nacionales de su época, apuntó Sossa.
Contradictoriamente, COFADEPA - HG ha hecho circular una lista con unos 120 nombres de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
El jefe del Ministerio Público también criticó a las personas que "quieren salir a hacer banderas" con el tema de los desaparecidos durante la dictadura militar. El procurador no identificó a cuáles personas se refería.
No obstante, es importante mencionar que tanto Sossa, como la mandataria Mireya Moscoso se han atribuido la reanudación de los trabajos de excavaciones en las fosas comunes ubicadas en el antiguo cuartel de Los Pumas, en Tocumen, donde se han desenterrado cuatro osamentas humanas.
En cuanto a los de las fosas del cuartel de Los Pumas, ha sido el resultado de un año continuo de trabajo del Ministerio Público, pero parece que algunos quieren salir a hacer banderas de este tema, lo cual no es de nuestro interés", sostuvo el procurador.
Así mismo, el jefe del Ministerio Público justificó la lentitud en las investigaciones en los casos de los desaparecidos, indicando que no tiene una "varita mágica" para saber en qué condiciones murieron esas personas.
"Llevamos un año en estas averiguaciones, he dicho y reitero que creo que hemos sido exitosos desde el momento que encontramos restos que hay que identificar", recalcó.
Sossa dijo que el Ministerio Público también efectúa diligencias para encontrar fosas donde presumiblemente fueron enterradas víctimas de la invasión militar estadounidense, de 1989, porque "cualquier desaparecido es de interés y de obligación investigar y aclarar".
"En lo que respecta a la invasión se han realizado varias diligencias de excavación, en presencia de supuestos extranjeros expertos. Y hemos estado atentos ante la posibilidad de identificar algunas evidencias que nos permitan restablecer la credibilidad en las instituciones de nuestro país", apuntó.
En cuanto a la Comisión de la Verdad, el procurador Sossa evitó opinar si está de acuerdo o no con la conformación de la misma. Las preguntas sobre esa comisión, deben hacerla a la presidenta Mireya Moscoso, dijo Sossa.
Por otra parte, el procurador se reunió ayer con los fiscales superiores y el director de la PTJ, Emilio De León, para acordar que gestionarían la aplicación de un convenio internacional -que Panamá suscribió en 1994- en el cual se establece que los delitos de "desapariciones forzosas" no prescriben.