Las penas por delitos de corrupción no fueron abordadas en el proyecto de ley que establece un tope de 50 años de prisión para delitos comunes acumulables que aprobó, en tercer debate –en la madrugada del sábado pasado-, la Asamblea Nacional.
De acuerdo con Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, “es más grave robarse un tanque de gas en una residencia que el robo descarado de los recursos del Estado en Panamá”.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia propuso -en primer debate- a los diputados de la Comisión de Gobierno aumentar las penas por corrupción; sin embargo, la solicitud no fue acogida.
La propuesta incluía “aumentar de 5 a 10 años la pena de prisión al servidor público que acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas”.
En la actualidad, el Código Penal establece que son de dos a cuatro años.
Además, se propuso modificar el Artículo 343 del Código Penal a fin de “aumentar de 4 a 8 años de prisión a quien ofrezca, prometa o entregue dinero a un funcionario”.
También se planteó el incremento de 2 a 4 años de prisión para el servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público y el doble de la sanción para el funcionario que nombre “botellas”. Esto no prosperó.
Sobre este último aspecto, Castillo precisó que “por lo bajo de esta pena los jueces quieren enviar estos casos a la esfera de las corregidurías”.
Penas muy bajas.
Castillo enfatizó que aumentaron las penas para algunos delitos comunes, pero los delitos de corrupción siguen con penas muy bajas. Citó, por ejemplo, “la malversación de fondos públicos tiene pena de 1 a 3 años y no admite la detención preventiva”. No obstante, el hurto con destreza tiene pena de hasta 10 años.
Agregó que el enriquecimiento injustificado tiene pena de 3 a 6 años y la corrupción de funcionarios pena de 2 a 4 años, y que por ambos se admiten medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
Por ello, Castillo puntualizó que los delincuentes de cuello blanco no van a La Joyita. “La Joyita es para el hijo de la cocinera”, argumentó.
