El fiscal segundo de Drogas, Patricio Candanedo, aseguró que no se ha encontrado relación o vinculación con el lavado de dinero, con los fondos analizados aquí en cuentas bancarias de ex altos funcionarios del gobierno guatemalteco.
De acuerdo con Candanedo, se desconoce el origen y destino de los dineros de las cuentas objeto de averiguación, y que ello corresponde determinarse dentro de la investigación adelantada por las autoridades judiciales de ese país.
Alegó que sería irresponsable de su parte endilgar algún nexo delictivo bajo tales supuestos y mucho menos hacer juicios de valor en este sentido. Añadió que en ningún momento ha hecho afirmaciones así.
Candanedo remitió a las autoridades guatemaltecas, la segunda parte de la asistencia judicial sobre las cuentas bancarias del ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, y otros ex funcionarios presuntamente vinculados con actividades de lavado de dinero.
La asistencia se fundamenta en una serie de investigaciones relacionadas con la sustracción de fondos públicos que fueron desviados a cuentas bancarias hacia Panamá. A raíz de esta situación, el Ministerio Público de Guatemala solicitó a las autoridades panameñas investigar las supuestas cuentas.
La Corte Suprema de Justicia accedió a la petición de las autoridades de Guatemala para ubicar los dineros que supuestamente fueron sustraídos del erario público de ese país. No obstante, las pruebas no parecen ser contundentes.
La investigación también se hizo a otros ex funcionarios guatemaltecos, entre ellos, Juan Francisco Reyes Wylb (hijo del ex vicepresidente), César A. Medina, Juan Antonio Riley y Douglas Urrutia Jerez, quienes se presume desviaron importantes cantidades de dinero de fondos públicos hacia bancos panameños.
Las indagaciones contra el ex mandatario Portillo se iniciaron el 5 de marzo del pasado año cuando se realizaron una serie de publicaciones en donde se señalaba había intentado abrir cuatro empresas y 13 cuentas bancarias aquí, en las que pretendían hacer transferencias de dinero por el orden de B/.150,000 y B/.300,000 por mes.
La fiscal Anticorrupción de Guatemala, Karen Fisher, estuvo a fines del pasado año aquí para solicitar ayuda del Ministerio Público, para investigar los movimientos bancarios de Portillo y sus colaboradores y determinar si estos fondos corresponden o no al Estado guatemalteco.
En el 2002 la investigación contra Portillo y sus allegados estuvo a punto de archivarse por falta de pruebas, pero luego se decidió continuar con las pesquisas tras el surgimiento de nuevos indicios sobre el paradero de los fondos.