Al abordar por primera vez a los familiares de "El Rockero" aún se desconocía su fallecimiento, sin embargo, su prima Meyli, hija de una hermana del difunto padre del púgil, nos puso en contacto con una de las tías de Pedro en el Valle de Urracá, Paulina y antes de colgar preguntó ¿no está muerto, verdad?... Prometimos llamarla luego para confirmar lo que hasta entonces sólo se presumía.
Mientras tanto, Paulina hacía esfuerzos por localizar a una hermana de Pedro por parte de padre, quien vive cerca de ella, pero sin titubear reiteró: "ay mi hija yo no sabía nada". Poco después, la muerte del "Rockero" era un hecho y tocó cumplir con el compromiso adquirido.
Para entonces Chepigana se sumía ya en una profunda tristeza, pero mantenía la esperanza de que la llamada llevara buenas nuevas. No fue así. La búsqueda de Paulina surtió efecto. Y en su casa ubicamos luego a Elba Marina, de 33 años.
"Yo tenía un mal presentimiento... y se lo dije a mi marido antes de la pelea", sollozó "Niña", como se le conoce. Apenas logró pronunciar palabra, pero dijo recordar claramente "que siempre fui muy unida a mi hermano. Lo quería mucho y él a mí".
"Todo el mundo hablaba bien de Pedro. El era buena gente, no sé si lo diré por ser la hermana, pero era así", añadió Elba y nuevamente la tristeza afloró y la hizo romper en llanto.
Pedro quiso mucho a los ocho hijos de "Niña", el mayor de ellos de 16 años. "El le decía a mis hijos que estudiaran y trataran de ser buenos muchachos".
A pesar de ser una entrevista telefónica el sonido de las lágrimas de "Niña" calaban muy dentro. Pero ella lograba reponerse pronto.
Aprovechó para revivir aquellos momentos en que su hermano ponía a prueba sus habilidades en el fútbol, "jugando con los pela"os en el cuadro". Los familiares de "El Rockero" en Chepigana no lograron ver su último combate porque "en Darién hay mucho problema de transmisión", como nos comentó un lugareño.
Y aunque "Niña" sí lo hizo, manifestó: "me dolía mucho ver cuando le estaban pegando" y de inmediato añadió, "le confieso que desde que mi hermano salió, yo lo vi distinto, en la forma de pelear. No era esa persona sana que yo estaba acostumbrada a ver. El se veía enfermo". El solo recuerdo de aquel presentimiento la hizo volver a llorar "yo no sabía si era por mis hijos o por él"...
Esta vez "Niña" no logró recuperarse, por lo que fue asistida por su esposo Carlos Higuera, quien de inmediato señaló que contrario a lo que se estaba haciendo creer por radio con algunos comentarios, "Pedro, a pesar de ser huérfano de padre y madre, sí tiene familia y no pocos como se quiere hacer ver". La madre de "Niña", Marina Espinoza, quien actualmente está en Chorrera, "fue como una mamá para "El Rockero" y él la quería muchísimo" dijeron ambos.
A eso de las 7:30 de la noche volvimos a hablar con Elba. Esta vez se preparaba para dirigirse al Hospital Santo Tomás donde supuestamente habían llevado de urgencia a su madre por la impresión de la noticia, pero antes de despedirse alcanzó a decirnos "estoy reuniendo algo de plata para moverme, usted sabe que sin eso no se puede hacer nada".
Explicó que este Consejo estará integrado por ministros y otros funcionarios, a los que el director deberá asesorar, por lo que debe tener la formación técnica necesaria para servir de agente facilitador y de sustentador del proyecto.
En ese sentido, Tsimogianis dijo que la aprobación en tercer debate del perfil de la persona que dirija el Sistema Penitenciario es un avance significativo, pues en la actualidad no existe ningún requisito para desempeñar el cargo. Sin embargo, lamentó que la dirección de esta entidad haya mantenido su posición de nombrar a un funcionario de confianza y miembro del partido de turno. Pese a esto, el penitenciarista mostró su confianza en que se logrará su sanción por parte de la presidenta Mireya Moscoso.
Tsimogianis explicó que durante la discusión del proyecto, la dirección del Sistema Penitenciario presentó tres observaciones, una de las cuales es la insuficiencia presupuestaria, pues esa dependencia estimó que la ejecución de la nueva ley penitenciaria requerirá en su primera fase, unos 65 millones de balboas.
El también presidente de la Fundación John Howard-Panamá dijo que "es preocupante que se estén poniendo los millones delante de la realidad, porque pareciera que la tesis es que si no se tienen 65 millones, la norma no podrá desarrollarse, o que de existir este fondo, todos los problemas del Sistema Penitenciario se resolverán".
Aseguró que ambas posiciones son infantiles e inconsecuentes con la realidad de un servicio público y con la necesidad de más de 10 mil detenidos, que sufren de una situación de tratamiento infrahumano.
Sobre este aspecto, Corro refutó a Tsimogianis, al reconocer que ésta es una propuesta de ley muy buena, sin embargo, hay que recordar que lo importantes es que se pueda ejecutar, lo que implica invertir muchos recursos económicos, que en la actualidad no se tienen.
La funcionaria explicó que el proyecto establece que el interno deber ser clasificado, es decir, separar al preventivo del condenado, no sólo a los de la capital, sino también a los del resto del país.
Recordó además que esta clasificación debe hacerse de acuerdo con el tipo de delito cometido, atendiendo además el índice de agresividad demostrado por el interno. Así se determinará si el privado de libertad va a un sistema de máxima, mediana o mínima seguridad.
Para cumplir con esto se requiere una inversión, porque no existen las infraestructuras requeridas ni se cuenta con el personal para llevar a cabo esa clasificación.
Destacó además que el proyecto también establece la resocialización de los detenidos, por lo que se requieren espacios y talleres para tener al interno en programas, nombrar a funcionarios especializados, entre ellos criminólogos, sicólogos, médicos, siquiatras. "Todo esto también conlleva recursos económicos", alegó.
En ese sentido, Corro sustentó que la cifra de 65 millones de balboas se ha establecido basándose en la necesidad de una planilla de 14 millones de balboas para contratar al personal adecuado.
Un estudio elaborado por una empresa estadounidense dedicada a la construcción de cárceles cotizó un centro penal para las provincias -donde los internos se mantienen en antiguos cuarteles- en unos 8 millones de dólares, mientras que para la ciudad capital una cárcel de mediana seguridad para 700 internos costaría unos 30 millones.
Corro recordó que al 3 de junio existían en el país unos 10,060 internos, de los cuales 4,270 han sido condenados y el resto, unos 5,790, están en proceso. De estas cifras, explicó, se desprende que la ejecución de la ley tendrá un costo superior a los 65 millones de balboas.
La funcionaria sostuvo que la propuesta del Sistema Penitenciario es ejecutar la ley escalonadamente, es decir, establecer etapas, en la primera de las cuales deben buscarse las partidas requeridas, para que la norma no quede en "letra muerta", como ha ocurrido con otras legislaciones.
Igual planteamiento formuló, ante el pleno legislativo, la vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Olgalina de Quijada, quien dijo que se puede coordinar entre todas las instancias involucradas en el tema, para que el proyecto, una vez sancionado, se ejecute escalonadamente.
Quijada se mostró contraria a anteponer el aspecto económico a la necesidad de darle solución al problema carcelario. "Lo que hace falta es voluntad", sentenció.
El Proyecto de Ley 90 establece las clasificaciones científicas de los privados de libertad y de los centros de detención.
Centro de detención preventiva: es una custodia provisional para los sujetos sometidos a esta medida. Esta no puede exceder de seis meses.
Centros especializados: se establecerán para faltas administrativas, que será para los sancionados por las autoridades de corrección: jueces de policía, nocturnos y corregidores.
Centros de tratamientos: allí se destinan los sancionados con penas privativas de libertad.
Centros de reinserción social: cuyo objetivo es darle seguimiento y asistencia a los privados de libertad, que son favorecidos con permisos de salida especial.
Cada recinto va a gozar de una exclusividad que estará determinada por la condición del privado de libertad, buscando evitar el hacinamiento que en la actualidad existe.
En cada centro penitenciario existirán los sistemas de máxima, mediana, mínima seguridad y de confianza. Se entenderá como sistema de alta seguridad, el destinado a privados de libertad de alto grado de peligrosidad. De mediana seguridad para los que presenten un grado medio de peligrosidad e inadaptación. De mínima seguridad para los que hayan demostrado no ser peligrosos y no presenten problemas de desajustes.
El régimen de confianza está dirigido a los privados de libertad que hayan demostrado un alto grado de responsabilidad y adaptabilidad.
El Ministerio de Gobierno y Justicia tendrá un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, como organismo asesor, de consulta y de orientación en esta materia, cuyos miembros actuarán ad honorem.
Se crea el Consejo Técnico del Sistema Penitenciario, el cual servirá como órgano asesor y consultivo a la Dirección General del Sistema Penitenciario en materias legal, criminológica y penitenciaria, organizará y orientará la admisión, clasificación y ubicación de los privados de la libertad.
Este ente colegiado velará por el cumplimiento a cabalidad del tratamiento integral progresivo-técnico, de tal forma que se logre la readaptación social, evitando y superando la prisionalización del privado de libertad.
Se crea la Carrera Penitenciaria, que estará bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Gobierno y Justicia. En este sentido se instituirá una clasificación de cargos penitenciarios, la cual servirá de base para todo lo concerniente a la selección, nombramiento y promoción de los funcionarios de carrera. Esta clasificación se hará tomando en consideración las funciones, responsabilidades y derechos inherentes al cargo.
La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá organizar programas de capacitación Ciencias Sociales y penitenciarios para todos los funcionarios del Sistema Penitenciario, antes de iniciar sus servicios y, periódicamente, para el personal ya nombrado o contratado, que se desarrollarán a través de la Escuela de Formación Penitenciaria. Estos programas deben dirigirse, con mayor énfasis, al personal de vigilancia, de custodia y de tratamiento.
Aunque Tsimogianis reconoce la difícil situación económica del país, considera que el problema penitenciario puede resolverse con mucha creatividad y capacidad de hacer cosas nuevas en lugares viejos, contrario a lo que ha funcionado hasta ahora, donde se han hecho las mismas cosas viejas en lugares nuevos.
A su juicio en nada resolvería tener los 65 millones de balboas, si el Sistema continúa con una ley que data del año 1941, que tiene 60 años de atraso, y con una administración penitenciaria sin supervisión ni vigilancia, inmune e impune ante todo tipo de acciones.
Por ello consideró que su sanción, aun sin definirse con qué presupuesto se va a ejecutar, es necesaria y de lograrse sería positivo para el país, pues el cambio hay que empezarlo de algún modo.
Carmen Rosa Robles, abogada del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, aseguró que para el instituto este proyecto representa un avance en el ordenamiento jurídico panameño, pues con esta ley también se actualizará el sistema criminológico en Panamá.
Destacó que lo que se espera es actualizar el sistema en cuanto al tratamiento de los detenidos, basándose en principios que respeten los derechos humanos, la seguridad, la rehabilitación y la defensa social y esto sólo es posible mediante un tratamiento científico a cada uno de los privados de libertad, según su condición y con la intervención de funcionarios debidamente especializados.
