Miembros de la sociedad civil advierten que no existe la confianza ante la posible apertura de una investigación en la Asamblea Nacional por las declaraciones de la diputada independiente Ana Matilde Gómez, donde detalló que el presidente Juan Carlos Varela tenía el conocimiento de los pinchazos telefónicos que se estaban dando cuando era vicepresidente de la República.
Freddy Pittí, representante de la juventud ante el Consejo para la Concertación Nacional y Comisión de Reformas Electorales, explicó que lo único que les corresponde como ciudadano responsable es exigir a los diputados que realicen su labor, que no solo es legislar, sino también judicial y administrativa la que tienen que cumplir.
Por su parte, el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal, señaló que lo propio aquí ante las declaraciones de Gómez, corresponde inmediatamente sin mayor procedimientos y sin formalidades innecesarias a la Asamblea Nacional nombrar una comisión que abra una investigación.
Bernal amplió que urge esta investigación porque es un delito el de las escuchas telefónicas, lo cual es una violación flagrante a la privacidad de las personas y que es una obligación de la Asamblea con su función judicial.
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