La Comisión de la Verdad no aportó ninguna prueba o evidencia alguna que permitiera la reapertura de casos de personas muertas y desaparecidas durante la dictadura militar y el informe presentado sólo constituye una recopilación histórica muy importante, aseguró el procurador José Antonio Sossa.
"Lo que está en ese informe son datos recogidos por el Ministerio Público durante años y allí no he encontrado nada novedoso y mucha de la información aportada proviene de fuentes anónimas no identificadas", aseguró.
"Cuando se conformó la Comisión de la Verdad mostré mi preocupación por el establecimiento de un organismo paralelo al Ministerio Público y eso creó una dualidad en cuanto al resultado de las investigaciones que provocó confusiones", insistió.
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, la única manera de reabrir una investigación es acudir a esa instancia y aportar las nuevas evidencias obtenidas a través de una investigación seria e imparcial.
Alegó que muchos de los casos mencionados dentro del Informe de la Comisión de la Verdad fueron reabiertos hasta en dos ocasiones a su llegada al Ministerio Público y dijo estar dispuesto a una tercera reapertura de ser necesario.
Por otro parte, aseguró desconocer el status en este momento de la Comisión de la Verdad, debido a que su período ya culminó. Añadió que cualquier petición de reapertura deberá hacerse ante su despacho y no ante organismos internacionales.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza y miembros de los comités de familiares de desaparecidos, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la resistencia del Ministerio Público para reabrir los expedientes de personas muertas y desaparecidas durante la dictadura militar, a pesar de una gran cantidad de pruebas aportadas dentro del informe final entregado en abril del presente año.
A su retorno, Almanza advirtió que la CIDH podría tomar acciones de presión contra el Estado panameño por no acatar sus recomendaciones.
