Silvio Guerra, abogado del empresario Aarón R. Mizrachi, reafirmó que no existe una sola prueba en el expediente que pruebe o acredite que el delito de tráfico de influencias sea un delito de peculado o contra el patrimonio del Estado.
En un escrito dirigido a la fiscalía, el jurista señala lo siguiente: "Por mucho que se esfuerce la fiscalía en citar fallos de la Corte, es obvio que tales fallos se refieren a otras circunstancias y condiciones de casos en donde los caracteres, hechos y circunstancias son muy distintos al tipo penal que se le pretende atribuir a mi mandante y en donde quedará claro que tal tipo penal jamás hace tránsito a un delito medio".
Agregó "que la fiscalía se divorcia de los hechos del expediente, toda vez que nuestro mandante nunca recibió ni solicitó o requirió coima o dinero alguno a persona alguna".
Guerra además alegó: "Todo es, insistimos, conjeturas y meras sospechas, lejos del principio de la objetividad investigativa, en que la fiscalía basa su incriminación en contra de nuestro defendido".
Los hechos que se le imputan al empresario datan de los meses de enero y febrero del 2010, cuando supuestamente conoció o trató con Vicente García.
