- 3 Exfuncionarios del gobierno anterior detenidos en la Gran Joya denuncian malos tratos en este penal.
En la Fiscalía Segunda Anticorrupción no existen suficientes elementos para formularle cargos a Alejandro Garuz, exdirector del Consejo de Seguridad, por la supuesta pérdida de un equipo para realizar escuchas telefónicas.
La información surge tras una resolución del Juzgado Séptimo de Circuito que declara ilegal la diligencia indagatoria en contra de el exfuncionario del gobierno anterior.
La decisión del juzgado se da en respuesta a un incidente de controversia que presentara el abogado Cristóbal Arboleda, representante legal de Garuz, tras la orden de la Fiscalía Segunda Anticorrupción de formularle cargos por peculado a Garuz y ordenar la diligencia indagatoria.
El juez, en su fundamento legal, aseguró que en la actualidad procesal no existe vinculación de Alejandro Garuz por el delito de peculado por la pérdida de los equipos, ya que los testigos señalan a otras personas como los responsables del aparato.
Fotografías
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, podría enfrentar un proceso disciplinario por faltas administrativas a las normas de seguridad en los penales.
La medida es porque el propio titular reconoció que había ordenado la circulación de tomas fotográficas de los funcionarios del gobierno anterior detenidos en La Gran Joya, y confesó que las suministró a algunos medios de comunicación.
En las imágenes aparecen los exdirectores del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia.
Henríquez dijo que suministró las imágenes como prueba para demostrar que estos tres imputados se encuentran en buen estado de salud y no están recibiendo malos tratos.
Sin embargo, para Roiner Ortiz, abogado de Gustavo Pérez, es a los tribunales de justicia, a través de la presentación de pruebas periciales, a los que les toca validar las pruebas y no los medios de comunicación.
Ortiz, junto al equipo de defensa de Gustavo Pérez, evalúa presentar una denuncia en la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos.
Mientras, Arboleda aseguró que esta acción del ministro constituye una falta administrativa grave que él mismo admitió.
Dijo que la primera acción que hará es presentar la denuncia ante la Defensoría para que haga las investigaciones y se pidan las sanciones contra los funcionarios que, a su juicio, están cometiendo abuso de autoridad.
“Yo ordené una investigación donde pedí evidencias fílmicas visuales y las imágenes que salen en algunos medios de comunicación son pruebas que teníamos que presentar”, dijo Henríquez, para sustentar por qué se realizaron tomas fotográficas a lo interno de La Gran Joya.
Víctor Orobio, defensa de Rafael Guardia, dijo que estas vistas no prueban lo que pretendían establecer las autoridades.
Iván Pérez, hermano de Gustavo Pérez, asegura que las fotos demuestran que hay un “show” mediático.
Argumentó que en el caso de su hermano, cuando sale del patio, lo llevan a la celda y le colocan esposas y grilletes.
Testimonios y pruebas apuntan a otros responsables, según fallo
En el fallo del Juzgado Séptimo de Circuito Judicial de Panamá, fechado el 12 de febrero de 2015, se hace la observación de que hay indicios suficientes para la acreditación del delito de peculado que se investiga, sin embargo, no existe en la actualidad procesal del expediente vinculación de Alejandro Garuz.
Explica que los testimonios de testigos señalan a otras personas como las únicas que tenían acceso al lugar donde fueron instalados los equipos informáticos antes que se extraviaran.
Por otra parte, se indica que en ninguna de las declaraciones ni pruebas presentadas se ofrecen indicios de que Garuz conocía que los equipos eran parte del patrimonio del Consejo de Seguridad.
El juez séptimo de circuito Felipe Fuentes López planteó que para exigir el cumplimiento de los deberes de custodia se debía determinar que el funcionario conocía de dicho deber, lo cual no se ha demostrado ni indirectamente respecto a Garuz.
