El procurador José Antonio Sossa aseguró que la Comisión de la Verdad "en ningún momento" le ha solicitado la reapertura de algunos de los 110 casos de personas desaparecidas durante la dictadura militar y que tampoco le ha aportado nuevas pruebas para reabrir expedientes.
"En ningún momento la comisión me dijo queremos que reabra este o aquel caso... ni siquiera se me dijo aquí tiene esta prueba nueva para que se reabra este caso", indicó en exclusiva a El Panamá América.
222Sostiene que el informe final de la comisión está basado en las investigaciones de la Procuraduría.
Recordó que sostuvo una reunión con los miembros de la Comisión de la Verdad donde le entregaron el informe final, pero no le elevaron ninguna petición específica para que reabriera algunos de los casos presentados en el documento.
Destacó que en esa reunión le pidió a los miembros de la comisión "que esclarecieran que si el informe cerraba un capítulo investigativo y si despejaba las dudas, o era un punto de partida para reabrir nuevas inquietudes".
De acuerdo con Sossa, los integrantes de la comisión le respondieron que tomarían en consideración su petición y que de alguna manera iban a proceder en ese sentido ante la opinión pública.
No obstante, el procurador advirtió que le sorprenden las declaraciones que han realizado miembros de la comisión solicitando la reapertura de algunos de los casos.
En cuanto al informe final de la comisión, Sossa manifestó "que muchas de las cosas que contiene ese documento fueron proporcionadas por el Ministerio Público y ahora simplemente nos las devuelven empastadas".
Sossa indicó que el documento es de "gran valor histórico", aunque destacó que la mayoría de los casos, "por no decir todos", fueron objeto de investigaciones por parte de las autoridades correspondientes y todos fueron sometidos a los trámites legales vigentes.
El informe final de la Comisión de la Verdad incluyó 110 personas desaparecidas durante la dictadura militar y la primera recomendación que formula es "que se abran aquellos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el período investigado, en los cuales las investigaciones de la Comisión de la Verdad aportan nuevos elementos de convicción".
Para elaborar el documento se realizaron excavaciones en 35 puntos de las provincias de Panamá, Coclé, Chiriquí y Bocas del Toro y en la isla de Coiba, en Veraguas.
Por su parte, Federico Britton, miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (COFADEPA-HG), aseguró que la actitud de Sossa estaría inclinada a impedir la investigación de los crímenes de la dictadura y que Panamá es suscriptor de múltiples convenios en donde se establece la obligación de perseguir a los responsables de desapariciones forzadas. Aseguró que Sossa tiene la responsabilidad constitucional y legal de investigar los casos de personas desaparecidas durante la dictadura.
