Julio nunca sale de casa sin persignarse, teme que lo maten para robarle el arma.
La agencia de seguridad privada donde labora sólo le da dos balas para el revólver calibre 38 con el que cuida un puesto de un embajador por 9 horas.
En ocasiones tiene que asumir el costo de las otras balas para realizar mejor su labor.
No come a tiempo y cuando lo hace no puede moverse del puesto.
Antes y después de salir del trabajo, no deja la preocupación cuando camina.
Por necesidad, fue a una agencia de seguridad hace 24 años a buscar trabajo.
Se había quedado sin empleo y las deudas de la casa comenzaban a subir.
Metió la solicitud y lo llamaron, estaba abrumado por la desesperanza.
A sus 56 años, trabaja para mantener a su esposa, pues no llena las cuotas de jubilación.
Su temor es tan grande, que aunque labora en un puesto cercado, cree que los maleantes pueden subirse por el muro para robarle.
"Yo no sé si voy a regresar a casa", cuenta.
El salario que cobra no llega a B/ 300, y las cuotas de seguridad social el dueño de la agencia no las reporta a la Caja de Seguro Social (CSS). Incluso, el seguro está en convenio de pago.
Críticas.
¿Por qué si el Ministerio de Gobierno conoce estas irregularidades no obliga a las agencias de seguridad a cumplir con los decretos vigentes?, preguntan los sindicalistas.
A juicio de Luis Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección (SITRASEP), es porque hay intereses económicos de por medio.
El artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 21 de 31 de enero de 1992 dice que la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) es la responsable de verificar el buen funcionamiento de las agencias.
Según Magalis Reyes, asesora de la institución, están haciendo el trabajo, pero carecen de suficiente personal y presupuesto.
La plantilla de la DIASP es de 12 inspectores en todo Panamá y un presupuesto aproximado de B/ 20 mil.
Lo peor es que ese personal y monto debe servir para labores de armería, seguridad, entre otras.
Mal común.
El artículo 200 del Código de Trabajo señala que las empresas deben aceptar las incapacidades de médicos idóneos, pero se denunció que muchas agencias sólo reciben las incapacidades de la CSS.
La directora de Inspección del Ministerio de Trabajo, Rosa de Méndez, enumeró una serie de irregularidades encontradas en 248 inspecciones este año.
Citó la no elaboración de contratos, el no pago de las incapacidades y la ausencia de relevos.
Al igual que el Ministerio de Gobierno tienen poco personal: 160 inspectores para atender lo laboral, seguridad, migración en el territorio nacional.
"Somos los que manejamos la parte laboral, los que pueden cerrar las agencias de seguridad son el Ministerio de Gobierno y Justicia, nosotros no".
Proyecto.
El Gobierno presentó en mayo pasado un anteproyecto para regular y controlar la actividad, pero lo retiró por la fuerte oposición de los sindicatos porque eliminaba el derecho a huelga y pólizas.
