La Defensoría del Pueblo advirtió al Ministerio de Gobierno y Justicia (MINGO) sobre la mora que existe en la conformación de la Junta Técnica de Salvamento Acuático, instancia encargada de velar por el cumplimiento de la Ley 19 de 5 de junio de 2007.
Por medio de esta ley se regula el oficio de salvamento acuático y se establece que en todas las instalaciones que posean áreas acuáticas deberán contratar los servicios de guardavidas.
En misiva enviada al Director de Asesoría Legal del MINGO, Luis Adames, el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, precisó que por tratarse de una situación de interés general relacionada con el derecho humano: la vida, solicitó un informe sobre las medidas que el MINGO gestiona para agilizar la conformación de esta junta.
