La utilización de buses articulados como una salida al problema de transporte colectivo masivo en la ciudad capital, sigue generando controversia y discrepancia.
No solo son los transportistas que se oponen a este sistema, que eliminará definitivamente los "diablos rojos", sino que varias agrupaciones políticas recomiendan evaluar las debilidades y fortalezas de este sistema con todos los actores sociales antes de tomar una decisión que será de por vida.
El partido Unión Patriótica (UP), a través de su comisión de Urbanismo y Transporte, señaló que la solución de buses articulados ofrecida por el Gobierno a corto y mediano plazo, no se ha informado y mucho menos debatido con los ciudadanos.
Frente a estos señalamientos, el director de la Autoridad de Tránsito, Severino Mejía, indicó ayer que este sistema se valoró en su debido momento con la sociedad civil y que se escogió por su factibilidad en el país.
"No hay marcha atrás, es la opción más adecuada", sostuvo Mejía.
Entretanto, la comisión de Urbanismo y Transporte de UP insistió en la importancia de una consulta para garantizar la transparencia del proceso, ya que es un sistema que tendrá un impacto profundo y permanente en la vialidad estética, configuración urbana y calidad de vida de la ciudad y sus habitantes.
Los contratos de concesión, como su nombre lo indica, son contratos realizados entre la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y concesionarias de rutas del país.
Los socios son transportistas quienes actúan como ejecutivos y accionistas de la empresa.
Una cláusula del contrato de concesión exige el depósito de una fianza que establece la Contraloría General de la República.
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