Durante el III Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible, Alvaro González Clare, arquitecto y consultor, concluyó que este fenómeno en Panamá ha ocurrido por el "predominio de los intereses particulares sobre los bienes públicos", y sobre todo por la pasividad ciudadana en la defensa de sus intereses urbanos.
Según el experto, lo que debe distribuir la ciudad a través de su uso, es la calidad de vida de sus habitantes para lograr la democratización en su territorio y espacio, pues la ciudad de Panamá "ha perdido el espacio público y tiene la expresión de un asentamiento antidemocrático, con desigualdades sociales en el uso del territorio y espacio urbano".
La pérdida del espacio público y medio ambiente en Panamá se produjo por la "ignorancia política, el desprecio del criterio técnico, el mercantilismo del poder económico", acusó González Clare.
Existen en Hispanoamérica ejemplos relevantes que han logrado significativos avances en la recuperación del espacio urbano, como es Curitiba en Brasil, y Santa Fe de Bogotá, en Colombia.
También se reconoce la existencia de vacíos legales, dualidad de funciones y conflicto de competencia, que limitan la plena aplicación de los mandatos institucionales en algunos sectores claves de la gestión de las sustancias químicas.
En cuanto al sector industrial señala que se encuentra una gran debilidad en las actividades voluntarias.
Por otra parte, establece que la legislación existente se encuentra dispersa entre los diferentes entes reguladores y puede contener contradicciones y superposiciones de jurisdicción.
A su vez, establece que la disponibilidad de recursos económicos de recursos humanos y financieros para el manejo y control de las sustancias es casi inexistente en los ministerios.
Las regulaciones para la importación, exportación y uso de estos compuestos son de carácter general y algunas pocas permiten un efectivo manejo y adecuado cumplimiento, pero en el tema de emisiones son escasas.
Panamá importa un promedio 3.4 millones de toneladas anuales de sustancias químicas.
Mientras que el consumo percápita anual de plaguicidas asciende a 3.32 kilogramos por habitante.
En tanto que el consumo anual de fertilizantes alcanza un índice de 21.02 kilogramos por habitante.
A su vez las sustancias químicas de consumo público alcanzan anualmente los 17.18 kilogramos por habitante.
