Aunque el director de Gobiernos Locales, Felipe Cano, admitió que la sociedad se está armando por una supuesta percepción de inseguridad en el país, manifestó que esa acción no se justifica porque existen entidades que trabajan para garantizar la seguridad en las calles.
El funcionario señaló que Panamá tiene un gran problema de trasiego de armas que debe ser erradicado "cuanto antes", con el apoyo del sector privado que son los que venden las armas y con las instituciones de seguridad. Abogó para que la actual legislación de armas sea modificada con acciones más concretas.
A esta red se vincula a Ricardo Ureña Lozada, quien fuera detenido en el 2005 por tráfico de armas.
Por otro lado, según una publicación de la revista colombiana Semana, existe una creciente participación de miembros de los estamentos de seguridad venezolanos en el narcotráfico.
Según la publicación, un reciente análisis hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos señala la existencia de nexos entre los carteles colombianos con miembros del Ejercito y la Guardia Nacional venezolana.
Según investigaciones, las ganancias procedentes de las actividades ilícitas son legitimadas a través de la compra de buses y taxis.
La pasada semana las autoridades de investigación lograron el decomiso de 33 fusiles AK-47 y la detención del venezolano Gustavo Alfredo Ponte, quien reside en la provincia de Chiriquí.
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