El contralor de la República, Alvin Weeden, reveló ayer que esta dependencia no tiene programado el pago de B/.3.8 millones a los legisladores de la República del pasado período de sesiones de la Asamblea Legislativa en concepto de equiparación salarial.
Según Weeden, la Asamblea Legislativa no ha tomado ninguna acción administrativa para exigir el pago de este dinero, por lo que la Contraloría no ha evaluado este desembolso.
"Si no existe la solicitud de la Asamblea, la Contraloría no toma ninguna decisión ya que no hay un documento para analizar la viabilidad del caso", apuntó Weeden.
La equiparación salarial exigida por los legisladores consiste en el aumento otorgado de B/.10 mil a los ministros de Estado durante 18 meses en la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Trascendió que cada legislador reclama cerca de B/.54 mil, de los cuales se les restará un total de B/.12 mil en concepto de impuestos.
Una resolución del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eligio Salas, planteó que los legisladores del pasado período no pueden cobrar retroactivamente salarios caídos, que ascienden a más de B/.54 mil.
De acuerdo a Salas, jamás ha emanado un pronunciamiento de la Corte que autorice o reconozca el derecho a los legisladores del período pasado a cobrar lo que se ha llamado "salarios caídos".
Los legisladores del pasado período han expresado su deseo de que el Estado le reconozca los "salarios caídos" a los que supuestamente tienen derecho debido al aumento otorgado a los ministros de Estado, según lo estipulado en la Constitución Nacional.
Este aumento que pretendieron hacerse los legisladores en 1996 fue demandado ante la Corte Suprema por inconstitucional por el abogado Mario Van Kwartel.
Los exlegisladores Daniel Arias, Mariela Jiménez, Roberto Will Guerrero, Bolívar Pariente, Alfredo Arias, Bernabé Pérez, Gerardo González, Víctor López, Víctor Méndez Fábrega, entre otros figuran entre los posibles beneficiados con este pago.
