La falta de educadores, junto a otros factores, es la tónica en todo nuevo inicio de clases.
Las demandas por el nombramiento de maestros y profesores es el norte que han emprendido los padres de familia de diversos colegios del país, y para ello recurren al cierre de calles y paros como medio de fuerza.
El o los nombramientos de educadores es responsabilidad de las Juntas Educativas Regionales, así lo devela la Ley 28 de 1. de agosto de 1997, en su artículo cuarto, al sostener que éstas organizarán "el proceso de reclutamiento para nombramientos y traslados y confeccionar la lista de los aspirantes elegibles para ocupar las vacantes del personal docente, directivo y de supervisión en la región escolar".
"Entregar al Director Regional de Educación las temas de los candidatos para ocupar las vacantes de los concursos relativos a traslados y nombramientos del personal docente, directivo y de supervisión de los centros escolares y de la región escolar, para su correspondiente selección".
Sostiene dicha Ley que "Las Juntas Educativas Regionales estarán integradas por un representante del Organo Ejecutivo, tres representantes de los educadores, dos del primer nivel y uno del segundo nivel de enseñanza, dos representantes de los padres de familia, uno por cada nivel de enseñanza, y dos representantes de la comunidad, propuestas por asociaciones cívicas, eclesiásticas, obreros, empresariales u otros grupos organizados de la sociedad civil".
La anterior administración gubernamental para enfrentar este problema que hoy tratamos, descentralizó la denominada Junta de Personal para crear trece Juntas Educativas Regionales y que funcionarían en las cabeceras de cada provincia, excepto Panamá que alberga tres regionales.
Entre los elementos que parecen incidir en la labor de nombramientos de educadores, están la de tener las partidas (económicas) necesarias para los nombramientos; la renuncia de los educadores a las cátedras una vez que se les nombra; el aumento repentino de matrículas producto de las inmigraciones internas de la población; las licencias por gravidez y ascensos de los educadores; actualización de los cuadros de necesidades de docentes, la falta de tecnología para discernir aquellos nombramientos de educadores que concursan en varias posiciones y que aplican en más de una Junta Educativa Regional; los favores sexuales y regalos a cambio de un nombramiento que imponen algunos funcionarios de las Juntas Regionales de Educación.
Es evidente que existe algo que no permite el desarrollo adecuado de los nombramientos de docentes. ¿Será la misma ley?. ¿La falta de tecnología o de organización?. ¿El chantaje?. Lo que pueda ser habrá que hacerse de forma técnica y científica para bien de nuestra educación.