El Gobierno de Estados Unidos y los abogados del ex general Manuel Antonio Noriega se enfrascaron ayer en una batalla legal de presentación de pruebas ante la justicia, para que se decida el futuro del ex dictador, una vez cumpla su condena de 17 años, este 9 de septiembre.
En primer lugar, la defensa de Noriega presentó la traducción en inglés de dos entrevistas realizadas al embajador Pierre Henri Guignard, publicadas en medios de Panamá, en las que dice que ex general no sería tratado como un prisionero de guerra, como parte de las pruebas que respaldan, según los abogados de Noriega, sus argumentos.
En una de las entrevistas publicada en el Panamá América el 26 de julio pasado y escrita por Arnulfo Barroso Watson, se cita a Guignard declarando que "el general Noriega va a ser tratado como cualquier otro acusado de lavado de dinero y no disfrutará los privilegios concedidos a él en EE.UU. por su estatus de prisionero de guerra".
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos se opuso ayer a que sea concedido un "hábeas corpus" al ex dictador panameño y aseguró que Francia respetará sus derechos como prisionero de guerra.
La Fiscal Federal presentó una declaración del encargado de supervisar la política de extradición de EE.UU., Clifton M. Johnson, que dice que su país se aseguró de que Noriega sea tratado de acuerdo con las condiciones a las que tiene derecho como un prisionero de guerra, "independientemente del actual estatus que Francia le concedió".
"La Embajada de Francia reiteró esta mañana que el gobierno francés mantiene vigente esos compromisos", afirmó Johnson.
Noriega con un pie en Francia y otro en Panam
Los abogados del ex dictador y la Fiscala Federal presentaron sus pruebas finales y el juez William Hoeveler decidir si lo extradita a Pars o lo enva a Panam.
