El Juzgado Undécimo de Circuito del primer circuito judicial de Panamá decretó un secuestro penal sobre la paradisiaca isla Urabá, en el distrito de Taboga, constituida en la finca 2230, luego que detectase a tiempo que la misma se intentó traspasar a través de un acto supuestamente fraudulento utilizando la identidad de ocho personas fallecidas y otros documentos falsificados.
El caso vincula a la notaria primera de Colón, Nedelka Navas, quien dio fe de una transacción realizada con información falsificada, tal y como consta en el expediente del caso que lleva la Fiscalía Décima Sexta del primer circuito judicial de Panamá, quien solicitó el secuestro sobre la finca para evitar un fraude con estas cotizadas tierras.
La documentación fue entregada a Panamá Américapor fuentes oficiales.
No es la primera vez que se intenta vender fraudulentamente la isla Urabá, ubicada al lado de la isla Taboga. Solamente en internet hay más de 10 ofertas que ponen en venta la isla, una de ellas de 80 hectáreas por 5 millones de dólares.
Pero no es hasta ahora que las autoridades deciden ponerle un alto a este problema, en el que están relacionados una notaria, un comprador y ocho personas fallecidas, a las que quisieron pasar por vivas.
Las primeras anomalías se detectan en la regional del Registro Público en Colón, cuando uno de los agentes verificadores notó que las cédulas de las ocho personas que supuestamente daban el consentimiento, en calidad de copropietarios, para que parte de la finca 2230 fuera segregada a favor de Javier Antonio Stanziola Garcés, no coincidían, según el expediente de la fiscalía.
Luego se encontró que anteriormente también se había intentado traspasar la finca en dos ocasiones, pero las inscripciones no procedieron por falta del paz y salvo del IDAAN y de los sellos del MIVI y Catastro en el plano.
El pasado 8 de septiembre de 2011 se intentó por tercera vez pasar la propiedad a favor de Stanziola. Fue allí donde se encontraron anomalías con la cédulas de las ocho personas que le dan el consentimiento a las transacción.
Stanziola llegó a decir que en algunos de los documentos solo aparecían los nombres de las personas que le cedían la segregación del terreno sin sus números de cédula porque eran menores de edad, levantando mayores sospechas, establece la documentación anexada al expediente de la fiscalía.
Toda la documentación para inscribir la transacción ahora bajo investigación por supuesto fraude fue presentada por Rigoberto Chávez, de acuerdo con los documentos.
Posteriormente, los funcionarios del Registro Público identificaron que las ocho personas que le daban el consentimiento a Stanziola para que segregara un pedazo de la finca eran todas fallecidas. El valor de la finca, actualmente, es millonario.
Ello llevó a identificar que fue la notaria Navas la que protocolizó el juicio de sucesión intestada, en el que se utilizó la identidad de ocho personas fallecidas, para protocolizar la transacción a favor de Stanziola, resaltan los vistos de la fiscalía.
Tras ello, el director general del Registro Público, Hernando Abraham Carrasquilla, decidió presentar en noviembre del año pasado la denuncia por el supuesto delito contra la fe pública (falsificación de documentos en general y suplantación de identidad) en el caso de la segregación de la isla Urabá.
“Los hechos constatados en escrituras públicas, más allá de toda duda, parecieran ser fraudulentos”, señaló la Fiscalía Décima Sexta del primer circuito judicial de Panamá, que ahora está a cargo de llevar hasta su final esta investigación.
Las personas fallecidas cuyos nombres fueron utilizados para intentar traspasar las propiedad en la isla Urabá con el aval de la notaria primera de Colón son: Felicia Herrera, María de la Cruz Herrera, Aurora Sandoval Herrera, Domingo Sandoval Herrera, Carmen Rosa Sandoval de Rivera, Alberto Sandoval Herrera, Juan Lombardi e Isaura María Anais Beluche de Sandoval.
