La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez instó a los notarios públicos a elevar su posición como garantes de la fe pública, para evitar que ocurran actuaciones que trasciendan a la esfera penal.
"Hemos hecho reuniones con todos los notarios, no los vemos como delincuentes, ellos son los garantes y el notario no puede dar fe en actos en las que no participa", sentenció la Procuradora.
Añadió que la posición del notario debe elevarse, para que nadie se atreva a buscar un sello o una firma si este acto no ocurrió.
El Ministerio Público ha tenido que investigar casos donde se ha puesto en duda la fe pública en torno a la actuación de una notaría, confirmó Gómez.
En el año 2003 la Dirección de Migración responsabilizó a algunas notarías de la ciudad capital y jueces municipales, por el incremento de los matrimonios por conveniencia de extranjeros.
Para este año fue revelada que varias notarias, entre ellas la décima de circuito de Panamá había sido denunciada ante la Policía Técnica Judicial. Entre las anomalías encontradas en las notarías se encuentran escrituras sin paz y salvo, entre otros hechos.
Se trató de conocer la versión del MINSA, pero resultó infructuoso, pues se nos informó que la persona que manejaba la información era el doctor Raúl González y fue imposible contactarlo.
Ivette Landero, vocera del grupo de familiares y sobrevivientes que asisten a la iglesia de Guadalupe, también está en zozobra.
Ella tampoco sabe a cuánto ascenderá la indemnización para los familiares, porque cada caso se está trabajando individualmente.
Landero indicó que Juan Antonio Tejada se reunió con el director de la CSS, René Luciani y un grupo de doctores para ultimar detalles sobre cuánto tiene que invertir el Estado en medicinas, atenciones y tratamientos de los sobrevivientes.
Los miembros han prometido mantenerse pendientes hasta que el Ministerio Público compruebe la cantidad total de muertos, para que todos los afectados sean incluidos en la lista.
El envenenamiento con dietilenglicol ha causado la muerte de 51 personas, según cifras del Ministerio de Salud, las que no coinciden con las del Ministerio Público, que investiga más de 300.
