El gobierno panameño envió esta semana una notificación a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) sobre el grado de contaminación de la isla de San José, para que exija a los Estados Unidos el envío de una misión técnica a Panamá, informó ayer el canciller de la República, José Miguel Alemán.
Advirtió que una vez los Estados Unidos sea notificado, tendrá 30 días para enviar una comisión de técnicos para que evalúe las bombas químicas que fueron abandonadas por su ejército en la isla.
"Hemos pedido el arbitraje, ya que el Departamento de Estado en su dirección de asesoría legal dio una opinión, pero no sabemos cuál fue", acotó. Indicó que confía en que existe la buena voluntad del gobierno norteamericano para cumplir con el saneamiento de los sitios contaminados con desechos militares, sobre todo cuando ha firmado varios tratados internacionales en esta materia.
Detalló que cualquier Estado que haya abandonado armas químicas en territorio de otro, se hace responsable de limpiarla y para ello se creó la OPAQ. Desde la administración de Ernesto Pérez Balladares se mantiene un litigio con los Estados Unidos para exigir que cumpla con el saneamiento de los desechos militares dejados en los sitios ocupados por sus tropas.
El gobierno declaró "zona de cuarentena sanitaria la isla de San José", luego que un informe de la OPAQ revelara la existencia de por lo menos cuatros bombas químicas, que de explotar podrían provocar daños en la piel y afección pulmonar.
La "cuarentena" que también alcanza las costas significa que se impedirá el ingreso de personas no autorizadas a la isla y sus inmediaciones, la evacuación de personas y clausura provisional de todas las instalaciones comerciales o de otro tipo, así como el despliegue de una fuerza de seguridad que haga efectiva estas medidas.
En la isla se descubrieron tres de las bombas, dos de 1,000 libras y una de 500, las cuales se encuentran intactas. Se dio a conocer que si una bomba de estas explota puede provocar problemas de salud a personas que se encuentren en un radio de 450 metros, pues las mismas pueden tener tres tipos de sustancias que provocan lesiones severas a la piel y al sistema cardiovascular que puede producir inclusive la muerte.
El gobierno Nacional contrató la firma Arnold and Porter para que analice el tema de la limpieza de los polígonos ante el gobierno norteamericano y evalúe la posibilidad de cualquier recurso posterior de darse un incumplimiento.
Actualmente hay más de 3,675 hectáreas contaminadas, donde los Estados Unidos se ha negado a efectuar el proceso de limpieza, tras argumentar que son sitios de difícil acceso.
