Claves
- Vinculaciones
- José Edir Torres, sobrino del diputado Freidi Torres, es el abogado que servía de enlace entre los funcionarios de Reforma Agraria y los integrantes de la familia que dirigían las sociedades anónimas donde iban a parar las propiedades.
- Política
- Entre los investigados en este proceso figura el exgobernador de Veraguas durante el gobierno de Martín Torrijos, Ricardo Torres Díaz, hermano del diputado Torres, miembro del Comité Directivo Nacional del PRD.
Los implicados en la desintegrada red dedicada al fraude de tierras vuelven a ser sentados en el banquillo de los acusados, tras estar implicados en una serie de procesos ilegales por la venta de unas 139 hectáreas de terreno distribuidas en 88 fincas de propiedad del Estado, lo que ocasionó una lesión patrimonial que supera los 20 millones de dólares.
En esta ocasión serán llamados para que comparezcan ante una audiencia preliminar, los cabecillas de esta red por el fraude cometido en tierras de Calovébora en la provincia de Veraguas.
Se trata de José Edir Torres, quien fungía como abogado para esta organización y otros dos altos funcionarios de la Reforma Agraria durante el gobierno del presidente Martín Torrijos.
La audiencia preliminar será este viernes, 10 de enero, en el Juzgado Liquidador de Veraguas, luego de que un despacho de instrucción solicitara llamamiento a juicio contra estas personas por los delitos contra la administración pública, tras la supuesta venta ilegal de tierras del Estado.
Ya existe una sentencia en firme en contra de Torres, a quien también se le suspendió por un año la licencia para el ejercicio de la abogacía.
La pasada sentencia fue por un proceso de venta ilegal de tierras en la isla de San Miguel, que le pertenecían al Estado.
De acuerdo con las investigaciones que realizó el Ministerio Público, estos sujetos habían vendido de manera fraudulenta las tierras para beneficiar a unas 334 sociedades anónimas que están a nombre de personas allegadas a José Edir Torres.
En las investigaciones se pudo confirmar que estas irregularidades se cometieron durante el periodo del anterior gobierno, lo cual fue detectado por las autoridades de Reforma Agraria que vinieron a ocupar sus cargos después de julio de 2009. Esta red habría vendido las tierras a tan solo 6 dólares por hectárea, las que calificaban como lotes baldíos, por lo que se adquirieron fincas a precios entre 700 a 900 dólares, las cuales estaban valoradas por arriba de los 100 mil dólares.
