Nueva demanda contra el Estado

Una nueva demanda contra el Estado por B/.7.5 millones fue presentada ayer por un grupo de ex trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), por el supuesto incumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su despido ilegal.
La demanda fue presentada por el abogado Antonio A. Vargas bajo el argumento que el Estado, representado por la presidenta Mireya Moscoso, no ha cumplido con la sentencia del 22 de noviembre de 2002 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el documento también se solicita que se declare nulo por ilegal el artículo segundo del Decreto de Gabinete No. 8 de 10 de abril 2002, en donde se establece un monto tope para indemnizar los salarios caídos a unos 270 ex trabajadores del IRHE, destituidos con la Ley 25.
Alegan que en esta resolución se establecen montos dejando de indemnizar derechos incluidos en la legislación nacional, pero que además el Estado no ha tomado la decisión de reintegrar a los trabajadores o si los liquida.
De acuerdo con la demanda, Panamá deberá pagar en base al proceso de condena en abstracto y en concepto de indemnización por daños y perjuicios a Fernando Del Río Gaona, José Santa María Saucedo y Domingo De Gracia Cedeño, la suma de B/.3.5 millones por la violación de sus derechos judiciales.
Además, señala que se deberá cancelar la suma de B/.870,000 a Fernando Del Río Gaona, B/.560,000 a José Santa María Saucedo y B/.600,000 a Domingo De Gracia Cedeño, como montos de indemnizaciones correspondientes a los salarios caídos, derechos laborales más los intereses y recargos tal como lo establece el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Unos 270 extrabajadores del IRHE, destituidos en el año 1990 por la Ley 25, han realizado una serie de manifestaciones por la resistencia del Estado a pagarles unos B/.3,000 a cada uno en concepto de indemnizaciones.
Los trabajadores entablaron una demanda en contra del Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, y allí se le condenó al pago de la indemnización.