En una aparente contradicción con la política de "Mano Dura" anunciada por la presidenta Mireya Moscoso, la Dirección de Sistema Penitenciario presentó un proyecto para conceder libertades condicionales a 85 reos, en su mayoría condenados por delitos relacionados con drogas y homicidio, que fue objetado por el Ministerio Público.
En un informe realizado por el Ministerio Público se establece que en el listado elaborado por la Dirección de Sistema Penitenciario existen datos muy escasos para determinar si realmente estos detenidos cumplen con los requisitos que señala la ley, para el goce de este beneficio.
El documento establece que el listado sólo contiene nombre, cédula, sanción, víctima y cómputo de la condena, sin señalar el índice de readaptación, ni de la conducta del penado y el cumplimiento de los reglamentos carcelarios.
Entre los reos objetados por el Ministerio Público, se encuentran el ex Mayor de las Fuerzas de Defensa, Julián Melo Borbúa, condenado a 54 meses de prisión por delitos relacionados con drogas.
También figura Odalys Rivera, condenada a 80 meses de arresto por el delito de tráfico internacional de estupefacientes, quien de acuerdo con la Fiscalía de Drogas, debe cumplir la totalidad de la condena.
Se menciona además el caso del interno Ariel Agrazal Camarena, condenado por el delito de violación de su propio hijo de seis años, que a juicio de la Fiscalía, debe permanecer en el centro penitenciario hasta cumplir la totalidad de la sanción.
En listado remitido por la Dirección de Sistema Penitenciario, la mayoría de los potenciales beneficiados con la medida de libertad condicional, se encuentran presos condenados por delitos relacionados con drogas y homicidio.
A su vez, en el listado también figuran algunos detenidos con más de un proceso penal en su contra, por delitos tan graves como homicidio y tráfico de estupefacientes.
