A PESAR QUE en el país operan más de 40 universidades privadas, el Ministerio de Educación (MEDUCA) evalúa unas 14 solicitudes que están a la espera del visto bueno "oficial" para funcionar.
Para el rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García De Paredes, este hecho es preocupante y debe ser analizado "cuidadosamente", porque se presta para comercializar títulos universitarios y carreras.
La Ley 16 del 11 de julio de 1963 faculta al MEDUCA a conceder por tiempo indefinido el aval, pero con la potestad de intervenir si no se cumple con una formación intelectual, moral y cívica.
La fiscalización de las universidades privadas queda en manos de la UP por mandato del artículo 103 de la Constitución, que expresa: "Sólo se reconocen los títulos académicos y profesionales expedidos por el Estado o autorizados por éste de acuerdo a la ley".
"No permitiremos que haya una pelea por el mercado de carreras. Estas universidades ofrecen ventajas y facilidades y al final de cuentas, no cumplen con los requisitos mínimos", advirtió García De Paredes.
Recomendó a las autoridades educativas regular el mercado "cuanto antes", toda vez que otorgando más permisos se estaría poniendo en riesgo la calidad de la educación panameña.
Explicó que en el país hay demasiadas universidades particulares que contribuyen a la formación de la clase profesional del país. "No creo que exista una demanda tan grande para permitir más centros de estudios superiores en el país. Esto debe ser visto con mucho cuidado", reiteró el rector.
En tanto, el ministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, dijo que ese tema está "paralizado" hasta que se termine el anteproyecto que crea el Consejo de Evaluación y Acreditación".
Admitió que existen demasiadas universidades, pero enfatizó que no se puede detener el desarrollo de la educación. El anteproyecto está en la Asamblea Legislativa.
El Decreto Ley 16 de 11 de julio de 1963 reglamenta el establecimiento y funcionamiento de universidades privadas en el país.
EL Consejo de Evaluación y Acreditación tendrá la función de evaluar las solicitudes de las universidades interesadas en operar y recomendar su viabilidad.
La directiva del Consejo será integrada por el Estado, cuatro universidades y un miembro de la sociedad civil.
Nuevas universidades quieren operar en el país
La situación se puede prestar para comercializar títulos y carreras, dice García de Paredes.