El contralor Dany Kuzniecky volvió a desempolvar el tema del Tribunal de Cuentas que "pondrá en cintura" a los funcionarios públicos que incurran en delitos contra el patrimonio del Estado.
Con esta iniciativa, los servidores que cometan actos delictivos serán sancionados directamente.
Según el jefe de las finanzas públicas, todos los casos que maneja la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) pasarán al Tribunal de Cuentas donde seguirían su curso.
"No habrá necesidad de que la Contraloría se involucre en los casos que son denunciados por un supuesto enriquecimiento injustificado", sostuvo el contralor.
La Contraloría volvió a insistir en el tema, toda vez que existe una "frustración" generalizada de la ciudadanía debido a la gran cantidad de casos de corrupción denunciados, y sin embargo no hay ningún "mono gordo preso".
Esta frustración también es compartida por el jefe de las finanzas públicas, pero con la diferencia de que se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de los imputados, para evitar que los abogados interpongan recursos legales y extender el caso.
Actualmente, la Contraloría investiga varios casos por enriquecimiento injustificado, entre los cuales se menciona a Franklin Moscoso, Victoria Robolt, Norberto Delgado y Dalvis Xiomara Sánchez.
Este último caso, podría pasar en los próximos días al Ministerio Público, toda vez que la DRP culminó el período de presentación de pruebas al que tenía derecho Sánchez.
La figura del Tribunal de Cuentas ya existía en la Ley 32 de 1984 de la Contraloría General de la República, pero fue reemplazada a través de un decreto por la DRP. El contralor negó que el cierre de la DRP sea porque es una entidad inoperante y burocrática que retrasa el proceso.
