Nuevo proyecto para penalizar secuestros

Un nuevo proyecto de ley que incrementa de 5 a 12 años las penas de las personas que participen en secuestros y establece sanciones penales a los que roben en centros escolares o iglesias, presentó anoche ante el pleno legislativo el procurador General de la Nación, José Antonio Sossa.
Este proyecto que ha sido presentado por tercera vez ante la Asamblea Legislativa, dispone que el conductor de un vehículo de servicio de transporte de pasajeros que por culpa cause la muerte de una persona será sancionado con dos a cuatro años de prisión.
Por medio del proyecto de ley se modifican varios artículos del Código Penal, se dispone que la pena de prisión será hasta de quince años en el caso que se secuestre a un servidor público o una persona que goce de inmunidad reconocida por derecho internacional.
Una pena similar se aplicaría en el caso en que se secuestre a un huésped del gobierno, un menor de edad, una persona discapacitada o una mujer embarazada.
La misma pena se aplicará en el caso que las personas secuestradas sean sometidas a tortura física o moral, violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada.
En el caso de que quienes participen en el secuestro sean o hayan sido miembros de los organismos de seguridad del Estado o cuando el hecho delictivo se cometa utilizando orden de captura falsificada o simulando tenerla, también se aumentará la sanción.
Para los casos en que un conductor de una unidad del servicio de transporte público, se estipula una pena de hasta de dos a cuatro años en los casos en que por culpa causen la muerte de una persona.
Las sanciones señaladas, serán aumentadas hasta en una sexta parte, cuando el autor del hecho se encuentre en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga o sustancia psicotrópicas.
Se aumentaría de la misma forma para los casos en que el autor del hecho se de o intente darse a la fuga o en casos en que la pérdida de la vida humana sea producto de competencias de velocidad de vehículos a motor en lugares no destinados para estos fines o por competencias de vehículos del transporte público.