La defensa de Enrique "Chito" Montenegro D., quien es investigado por su supuesta participación en la falsificación de un documento sobre pinchazos telefónicos, presentará hoy un nuevo "hábeas corpus" para evitar su detención.
Igualmente analiza la posibilidad de recusar al fiscal Julio Laffaurie, por la intención de levantarle un proceso a su cliente por las denuncias que hizo en contra del contralor general Alvin Weeden.
Hernán García, el abogado de Montenegro, señaló además que resaltarán ante los tribunales correspondientes los elementos considerados violatorios de la ley.
Entre esos elementos, mencionó que el director ejecutivo del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Ramiro Jarvis, no puede negarse a rendir testimonio en el Ministerio Público porque fue quien acusó a Montenegro. Indicó que Jarvis debe identificar a sus supuestos informantes, a quienes sólo mencionó con los apodos de "El Pintor", "Secretario" y "Renzo".
El procurador José Antonio Sossa citó al jefe del Consejo de Seguridad para que rinda declaración, por lo que hoy se espera su comparecencia en la Procuraduría.
Por su parte, el secretario del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro, acusó al Ejecutivo de "tramar un pase de factura" en contra de su hijo del mismo nombre y quien tiene el rango de mayor de la Policía Nacional.
Por ello, aseguró, ese decreto del Ente Regulador "va en contra de toda la modernización que aspiramos para la medicina". Sentenció que si no se cuenta con hospitales bien estructurados y equipados, de llegar a aprobarse una ley, ésta podría quedar en letra muerta, como existen muchas otras.
Para Moreno de López, si en Panamá se aprueba una ley para recertificar a los profesionales en un periodo de tiempo determinado, el Estado tiene que permitirle a ese profesional asistir a los congresos y tiene que estar dispuesto a ayudar a aquéllos que no tienen recursos para salir al extranjero a actualizarse.
Asimismo recomendó a todos los involucrados en el tema participar activamente en la discusión del anteproyecto cuando sea presentado en la Asamblea, para hacer la presión necesaria para que la ley quede de acuerdo con lo considerado correcto, y lo correcto sería una norma que tenga como finalidad brindarle un mejor servicio a la comunidad.
A juicio del presidente de la FEDAP, es necesario que en el país se instituyan planes y programas nacionales de capacitación de los recursos humanos, cuya finalidad sería cumplir con la actualización del funcionario, previo estudio y diagnóstico de las necesidades y prioridades que sobre esta materia se determine en cada una de las profesiones que existen en Panamá.
En estos programas todos deberán participar en un determinado número de horas, en las que se abarquen las áreas donde se dan grandes descubrimientos y avances tecnológicos, procurando "que no se regalen los certificados". Entonces, el profesional deberá ser orientado y hasta obligado a actualizarse.
La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras (ANEP), Melva de Small, manifestó su respaldo al anteproyecto por considerar que establece lo que esta organización ha venido haciendo desde 1954, pero también objeta el papel otorgado a la UP.
Según Small, el proceso de certificación debe darse en cada gremio profesional y no a nivel de la UP, en su caso particular en la Facultad de Enfermería, como propone el anteproyecto. Small recomendó conceder el proceso de elaboración y aplicación de los exámenes a un organismo independiente, como podría ser un grupo de personas acreditables, con un perfil académico y profesional y que concursen para ser parte del mismo.
Para Amalia Rodríguez de French, asesora del Ministro de Salud y propulsora del anteproyecto aclaró que aunque cada comisión va a administrar el examen, respondiendo a la necesidad nacional, durante un periodo de tiempo aún no determinado, las pruebas van a ser elaboradas por el National Board Examines de los Estados Unidos, entidad que tiene gran experiencia en este proceso.
Rodríguez de French negó que la UP vaya a convertirse en juez y parte, pues en la actualidad el examen de reválida de profesionales que egresan de universidades extranjeras lo aplica la universidad oficial. "No se le puede quitar el papel rector que tiene la Universidad de Panamá en la educación superior", acotó.
El anteproyecto de ley establece que para cada área profesional o técnica existirá una Comisión Interinstitucional para la certificación de la disciplina respectiva, con sede en la Universidad de Panamá (UP). Estará conformada por un mínimo de cinco miembros y un máximo de nueve y tendrán un coordinador, quien la presidirá, y un secretario. Todos serán escogidos de entre los representantes de la UP. La creación de estas comisiones ha sido uno de los puntos más criticados por quienes consideran que éstas podrían prestarse para perseguir a profesionales y técnicos.
En ese sentido, Gloria Moreno de López, ex legisladora de la república y destacada profesional de la medicina, considera que esta materia -las comisiones- debe ser bien reglamentada, pues no se debe olvidar que en Panamá todo adquiere cariz político partidista y si esto ocurre, se prestaría a persecución. Por ello, recomendó dejar claramente establecido cómo va a estar formada cada comisión, con qué periodicidad se van a realizar los exámenes y demás aspectos relacionados con su funcionamiento. Moreno de López valoró como positivo que la unidad coordinadora sea la UP, no obstante, advierte que se le debe dar un papel representativo a las otras universidades, situación que debe definirse a tiempo, pues las comisiones interinstitucionales son la base del anteproyecto.
Para Carlos Staff, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina, la desconfianza frente a la propuesta del MINSA está directamente vinculada al papel de "rectoría del sector salud" que se le otorga a la UP en la conformación y funcionamiento de las comisiones.
El docente considera que el anteproyecto partió desde un punto crítico, pues se confunden las funciones de rectoría del sector salud con las de formación de recursos humanos, que son evidentemente muy diferentes, pues lo primero le corresponde por ley al Estado panameño, a través del MINSA, mientras que lo segundo le atañe directamente a las universidades.
A su juicio, esta confusión de funciones se presenta en tres aspectos básicos del anteproyecto, siendo uno de estos haber ubicado a las referidas comisiones en la Universidad de Panamá, "lo que ya le da un sesgo que pone en duda su objetividad".
Por otro lado, el anteproyecto establece que la comisión estará formada por nueve miembros, de los cuales cinco deben ser de la universidad oficial, lo que le da a la UP poder de decisión, "por su propia cuenta y a sus mejores intereses". Expresó Staff que también dispone que las presidencias y secretarías de las comisiones serán seleccionadas de entre los representantes de la UP, con lo que no sólo garantizan una mayoría, sino que también aseguran el manejo administrativo.
Estos tres aspectos, agregó, sesgan la ley, le quitan objetividad y credibilidad, lo que la va a hacer inoperante, porque la UP estaría asumiendo un papel de "juez y parte" en un proceso que, aunque tiene un propósito muy noble, no podrá cumplirse con una ley diseñada en esos términos.
Para corregir estos aspectos que ponen en riesgo el futuro del anteproyecto, Staff recomendó que a quien le corresponde el papel rector - el MINSA -- lo asuma, y que designe una comisión técnica en la que participen en una situación de equilibrio las universidades y otras instancias, como son las direcciones de docencia e investigación de los hospitales, lo que fortalecerá la objetividad y la eficiencia de cada comisión.
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